jueves 19 de noviembre de 2009

SALTA: LA LLUVIA NO DA TREGUA AL NORTE PROVINCIAL

En Tartagal hay temor por una posible crecida del río. La primera lluvia provocó socavones en las defensas construidas. Pronostican que las precipitaciones continuarán en los próximos días.

SALTA.- Tras la fuerte sequía, la llegada de las primeras lluvias en el norte salteño trajeron el alivio esperado, pero no del todo. En varios puntos de la geografía provincial -en especial en las ciudades cabeceras- el agua que cayó ya provocó cortes de rutas, tránsito interumpido por varias horas e incluso temor en la población.

Así, en Tartagal, los vecinos que residen en la zona más crítica, cercana al río, no pegaron los ojos durante toda la noche. Es que temen nuevos hechos como el aluvión que asoló parte de la ciudad en febrero de este año.

El pronóstico del tiempo indica que en los próximos días las lluvias se harán más frecuentes, en especial durante las horas de la noche.

De un hilo de agua que corría hasta el domingo anterior, el río Tartagal aumentó notoriamente su caudal ayer, pero lo que más preocupa a los vecinos son los socavones que se producen por detrás de las defensas construidas recientemente.

La obra que se está ejecutando es de por sí imponente, pero ni el gran movimiento de hombres, maquinarias y materiales deja tranquilos a quienes han padecido un evento de ambiental de este tipo, que se cobró la vida de dos personas y causó daños a mansalva.

Socavones en la vereda

María Vega vive a menos de 50 metros de donde se construye el nuevo puente, sobre avenida Packam, y su casa está a menos de 15 metros del cauce. Frente a su casa, en lo que debería ser la vereda, ya hay un hueco que llega hasta el mismo río.

“Estoy preocupada, porque en este lugar, en febrero se produjo un socavón inmenso. Lo rellenaron y arriba le arrojaron arena. Pero el agua que bajaba anoche desde la avenida Packam comenzó a socavar y quedó este agujero inmenso. Me da miedo acercarme porque parece que todo va a ceder en cualquier momento”, afirmó la mujer, que reside allí desde hace 45 años y tiene fresco en su memoria el 9 de febrero pasado.

A dos casas de donde vivían las dos mujeres que murieron trágicamente el 9 de febrero arrastradas por el aluvión, residen Agusto García y Mary Torrico, junto a varios hijos jóvenes.

“Anoche el agua bajaba de la avenida con mucha fuerza y tuvimos miedo. Tengo grabado en mi memoria todo lo que pasó esa mañana del alud y sólo nos queda pedirle a Dios que nos proteja, porque vemos que trabajan y trabajan pero los socavones se siguen formando”, dijo el hombre.

Inconvenientes en Urundel

Otro fue el caso en el riacho Seco, unos 20 kilómetros al sur de Urundel, casi en el límite con la provincia de Jujuy, donde se construye un puente nuevo para reemplazar al existente, que está en una curva vertical y tiene sólo 6 metros de ancho de trocha.

Allí, como Vialidad Nacional había construido un desvío sobre el cauce, la creciente registrada por el arroyo provocó que algunos vehículos pesados quedaran varados el domingo.

Ayer, las autoridades de Vialidad de la Nación anunciaron que habían restablecido el paso por el puente viejo, lo que se verificó recién a media mañana, por lo que lentamente cientos de vehículos comenzaron a desagotar la ruta, cruzando en un solo sentido por vez.

El jefe del 5º Distrito de Vialidad, con asiento en Salta, Elías Cerezo, explicó que “el puente viejo está en buenas condiciones, aunque por su ubicación y antigüedad había que reemplazarlo. Por eso se comenzó a construir esta nueva estructura, que tiene un avance de obra del 50%. Hasta que esté lista se habilitó un paso provisorio por un badén realizado por el lecho”.

“Lamentablemente, la creciente nos tomó desprevenidos el fin de semana y hubo que habilitar de nuevo el paso, de una sola mano, por el puente viejo,” agregó el ingeniero.
http://www.radiosalta.com/noticia.php?idn=220445

Denuncian el aparente paso ilegal de camiones de Minera Alumbrera a través de un pueblo


Cafayate fue escenario de varias movilizaciones ambientalistas.

Vecinos de Cafayate denunciaron en la Justicia el incumplimiento d una ordenanza que impide el paso de determinados camiones por medio del ejido municipal. Advierten que pese a la norma, camiones de Minera Alumbrera circulan por medio de la ciudad en connivencia con funcionarios de la Intendencia local. Temen que las unidades transporten sustancias peligrosas.

Vecinos de Cafayate, manifestaron estar cansados de lidiar con el paso por su ejido urbano de enormes camiones y cargas destinadas explotación de Minera Alumbrera. Afirman que estas unidades causan roturas de pavimentos, destrozos de árboles y plantas, destrucción de cables de alumbrado publico. “Están poniendo en peligro la integridad física de la población y representan un riesgo de graves daños ambientales en caso de accidentes”, afirmaron vecinos autoconvocados de lugar. Ante esto los habitantes denunciaron al intendente local Esteban Ocampo, al director de Tránsito local y a comisarios de esa ciudad salteña por no hacer cumplir a Minera Alumbrera y sus transportistas la ordenanza municipal Nº 13/08 (bis) por la cual el Concejo Deliberante prohíbe en el ejido urbano de Cafayate el tránsito de todo vehículo o carga pesada que exceda los límites expresados por la ley 24.449. En concreto, la ordenanza prohíbe en todo el municipio el tránsito y transporte de sustancias como el cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, amonio, nitrato de amonio, carbonato y toda otra sustancia química, tóxica o peligrosa. Soledad Leyton, ambientalista perteneciente a la Unión de Asambleas Ciudadanas de Cafayate, en diálogo con el sitio digital Copenoa dijo que todos los días y en todo horario ingresan a Cafayate los camiones de la minera “violando impunemente las ordenanzas municipales que están en vigencia”. La referente ambiental local también denunció que “volvió a ingresar por el ejido urbano de esa ciudad un camión de la empresa “Calico”, una de las contratadas por Minera Alumbrera –según denunciaron-, “transportando insumos que no sabemos de qué clase son. Suponemos que por el tamaño y tipo de carga sobre el chasis, contienen sustancias peligrosas”, agregó Leyton. Según la ambientalista Mariana Araujo, en el año 2008, luego de mantener varias reuniones con el Concejo Deliberante, los ciudadanos denominados Autoconvocados de Cafayate, participaron del debate en torno a una nueva ordenanza para el tránsito. En ese marco se aportó la información necesaria para que se sancionara la prohibición del paso de camiones de gran porte y de los que llevan sustancias tóxicas-químicas por el ejido urbano. “Nuestra propuesta era que sea para todo el Departamento de Cafayate, pero logramos por lo menos que se ampare el ejido urbano”, recalcó. Según la normativa vigente, es deber de la Dirección de Tránsito hacer el control necesario durante todo momento a los camiones que ingresan a esa localidad, y en caso de imposibilidad o insuficiencia de personal, deberá sumarse personal policial a esta tarea. Hasta la fecha, según se denunció, “nunca se realizó control alguno a los camiones que todos los días ingresan en medio de la población como Juan por su casa. Si el control no lo realizan quienes deben hacerlo, pues nosotras y nosotros como pobladores de estas tierras, y sabiendo lo que significan el paso constante de estos camiones a tan sólo una o dos cuadras de la plaza principal de este pueblo, debemos denunciar a quienes no cumplen con dicha ordenanza sin esperar que ocurra un accidente para recién salir a protestar”, sentenció Leyton . Mientras tanto, la denuncia ingresó en la Fiscalía Correccional Nº3 , a cargo de Luján Sodero según informaron fuentes judiciales al sitio Copenoa. Fuente: Copenoa
http://www.primerafuente.com.ar/nota.asp?id_seccion=3&seccion=&id_nota=54128

¿PONIENDO LIMITES AL CURRO?

Los diputados le dieron media sanción al impuesto a la explotación de tierras fiscales
La Cámara de Diputados provincial le otorgó meda sanción a un proyecto de ley de su presidente, el justicialista Manuel Santiago Godoy, por el que se le cobrará un impuesto a los particulares que exploten terrenos que sean fiscales y que hayan sido otorgados por el Estado en forma de concesión, arrendamiento, o cualquier otra figura legal para actividades agricologanaderas.

La norma que fue sancionada ayer establece que el tributo no podrá ser inferior al 10% del valor de la producción anual, y que el 20% de la recaudado debe distribuirse entre los municipios del departamento en el que esté ubicado el inmueble rural que es explotado. Lo restante irá a parar a Rentas Generales.
La ley no será de aplicación para los productores de menos de 1.000 hectáreas.

Si bien se trata de una norma de alcance general, la misma parece haber estado motivada por los cuestionamientos de Godoy a la administración del emprendimiento de Salta Forestal, en el departamento de Anta, por parte de la familia del diputado nacional electo, Alfredo Olmedo.

Sin embargo, en diálogo con Nuevo Diario, el autor de la iniciativa negó que respondiera a la situación particular de Salta Forestal. “Es un impuesto, y como tal, es una ley general, y como tal, es de aplicación universal”, explicó, y agregó que “hoy le toca a Salta Forestal porque es lo que más se conoce pero hay muchas otras tierras que están explotadas por particulares y que pertenecen al Estado”.

Finalmente, evaluó que la fijación del 10% como mínimo es “una cifra muy razonable y baja de acuerdo a las consultas que hice”.

Según calcula, esta ley permitirá recaudar sólo de Salta Forestal alrededor de 13 millones de pesos por año.

Cuestionamientos

Aunque la norma fue aprobada por unanimidad, algunos legisladores plantearon críticas.

Este fue el caso del diputado delpartido Obrero (PO), Pablo López, quien acusó al oficialismo de haber sido cómplices del proceso de privatización de las tierras de la Provincia.

A su vez, entendió que la iniciativa se había originado en contra de Olmedo “que sacó los pies del plato”, pero que el gobierno seguía beneficiando a los grandes terratenientes. En ese sentido, hizo referencia a la “huelga” de los productores agrícolas, muchos de los cuales han dejado de pagar el Impuesto Inmobiliario Rural.

El PO intentó que se tratara sobre tablas su proyecto de ley para el revaluó fiscal de los grandes inmuebles rural, pero la moción fue rechazada.

Por su parte, la diputada del Partido Propuesta Salteña (PPS), Virginia Cornejo, opinó que la ley no soluciona problemáticas vinculadas con la concesión de Salta Forestal, como los conflictos ambientales y sociales. Además, entendió que no están claros los parámetros a partir de los cuales se establecerá la alícuota del tributo, que debiera depender de la rentabilidad de cada actividad productiva. Finalmente, se mostró en favor de “una verdadera ley de tierras fiscales” que regule su concesión.
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Los wichis de Morillo quieren que los traten como ciudadanos

"Todo esto que estamos pasando es muy doloroso. Parecen que no nos miran como ciudadanos. Más allá de que hay un derecho, ese derecho no nos sirve para la comunidad. Esto es muy triste para un aborigen", dijo ayer el presidente de la organización zonal de Coronel Juan Sola (Morillo), Hugo Jaime.
Una semana después de los enfrentamientos entre aborígenes y policías, dirigentes wichis dijeron que aún persiste el trato discriminatorio hacia ellos, y que aún esperan soluciones a sus demandas.

Cinco jóvenes wichis resultaron heridos el lunes de la semana pasada, además de otros tantos policías, después de que unos 70 aborígenes tomaran el canchón municipal en reclamo del cumplimiento de una promesa de trabajo que había hecho el intendente de esa localidad, Atta Gerala.

Jaime dijo ayer a Nuevo Diario que, por ahora hay cierta calma en esa localidad, aunque advirtió que los cinco wichis que resultaron heridos "no están siendo atendidos como corresponde".

El dirigente también resaltó que hasta el momento no habían recibido ninguna citación de la intendencia para plantear nuevas propuestas a las demandas de los aborígenes, en cambio resaltó que continúa el trato discriminatorio hacia ellos.

Jaime dijo que las 19 comunidades que coordina aún están hablando sobre qué pasos tomar en adelante, aunque ahora espera la visita de una delegación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Respecto de los incidentes, reiteró que fue la Policía la que comenzó a disparar, y cargó también responsabilidades sobre el intendente municipal. "Los wichis quedamos entre la policía y un grupo de personas de Gerala, que nos cascotearon. Uno joven fue herido por los cascotazos", señaló.

Lamentó, además, que aborígenes de otras provincias reciban tratos similares. "Yo leo diarios de Chaco y de Formosa, y veo que están pasando cosas similares".

En el mismo sentido se pronunció el dirigente Bernabé Aparicio, quien también pertenece a la organización de cerca de tres mil wichis que viven la zona de Morillo.

"Todavía la gente sigue esperando alguna respuesta. Sobre todo, esperamos que se nos empiece a tratar con respeto, y el buen trato en las oficinas públicas, además de la titularización de las tierras, vivienda, salud y educación", señaló a Nuevo Diario.
Lamentó, por último, el clima de tensión que aún se vive en Morillo, donde se habla de "piquetes contra piquetes”.

Cabe recordar que el miércoles pasado, el gobierno provincial asumió el compromiso de otorgar a los wichìs las asignacioens familiares anunciadas por el gobierno nacional. En estos días se deben realizar tareas de identificación de menores y mayores para resolver esa asignación.
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viernes 13 de noviembre de 2009

Comunidad Indígena de Animaná se presenta a audiencia para defender el territorio.

Paraje Potrerillo, Departamento San Carlos, pcia. De Salta

13 de noviembre de 2009

EMPRESARIOS CAFAYATEÑOS USURPAN TERRITORIOS INDIGENAS

A pesar de la existencia de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, empresarios siguen usurpando territorios, amparados por la policía y la Justicia provincial que archiva las denuncias de los miembros de la Comunidad. Solo gracias a la presión de las organizaciones se logró una audiencia para el día de hoy en la ciudad de Salta. Pero hay mucha preocupación por el desenlace de la instancia judicial.

El día miércoles 11 de noviembre, a pesar de las reiteradas denuncias por usurpación presentadas por miembros de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, el empresario local Ramiro Michel ingresó nuevamente en el territorio de la comunidad acompañado por la policía para intentar empezar a “explotar” un sector del territorio, el paraje Potrerillo, reclamándolo como suyo. Sus palabras fueron “mientras tanto a esto lo exploto, porque a esto lo compré yo”...

Inmediatamente se hicieron presentes miembros de la comunidad, reclamando se respetaran sus derechos reconocidos por el artículo 75 de la Constitución Nacional , el convenio 169 de la OIT y la Ley Nacional 26.160.[1]

Asimismo, presentaron copias de las varias denuncias presentadas ante la justicia. Sin embargo, la policía presente solo reconocía algunos papeles presentados por el empresario, negando el derecho de la comunidad indígena. Incluso un anciano miembro de la comunidad sufrió el apremio psicológico policial al ser indagado merced a una denuncia en su contra presentada por el empresario.

Ante la presión de los miembros de la comunidad, y la presencia de miembros de las comunidades indígenas Diaguita Calchaqui de El Divisadero y Suri Diaguita Calchaqui de Santa Bárbara, y del Encuentro Calchaquí - Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina Argentina, la policía se vio obligada a comunicarse con el fiscal a cargo, quien finalmente convocó a una audiencia para el día de hoy a las 10:00 en la ciudad de Salta.

Este caso es uno más en el contexto de intentos de usurpación y avance sobre territorios campesinos e indígenas por parte de empresarios locales y extranjeros, buscando aumentar sus negocios a partir de la explotación ambiciosa de nuestros bienes naturales. El mismo día de este hecho, la vecina comunidad indígena de El Divisadero impidió la usurpación de sus territorios por parte de un empresario acompañado por la policía sin ningún tipo de orden judicial. Y estas comunidades son parte del mismo territorio Diaguita del que forma parte la comunidad de Chuschagasta, donde el mismo 12 de octubre fue asesinado un miembro mayor de la comunidad en manos de un empresario.

La audiencia se realizará en el Juzgado de Instrucción Formal de 4a. Nominación, Juez Dr. Antonio Pastrana. La presión de todas las organizaciones aportará para que se garantice el acceso al Derecho por parte de la comunidad.

Teléfono del Juzgado: (0387) 425-8040. Ciudad Judicial de la ciudad de Salta.

Encuentro Calchaquí – Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina Argentina

encuentrocalchaqui@yahoo.com.armovnaccampesinoindigena@gmail.com


Contacto de prensa: (03868) 15 402-067 / (03868) 15 459-866

jueves 12 de noviembre de 2009

SALTA: Diaguitas Calchaquí resistieron un intento de desmonte en sus tierras

Medio centenar de integrantes de comunidades indígenas impidieron ayer que un empresario privado desmontara las tierras en las que viven con la supuesta intención de construir un hotel.

Habría intenciones de construir un hotel en el inmueble.
Se trata de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de El Divisadero, ubicada 6 kilómetros al oeste de la ciudad de Cafayate, que junto a otras comunidades de San Carlos y Colalao se concentraron ayer a la mañana para impedir que media docena de obreros consiguieran desmontar sus tierras.

Según relató a Nuevo Diario uno de los referentes de la comunidad, Juan Condori, el conflicto se inició antes de ayer, cuando un empresario cuyo nombre no trascendió se presentó en El Divisadero asegurando haber adquirido esas tierras pero sin presentar ningún tipo de papel que acreditara su propiedad, ni orden judicial que autorizara un eventual desalojo.

Luego de reunirse en asamblea, decidieron tomar medidas de fuerza para impedir que "invadieran las tierras que nos pertenecen desde hace miles de años".

Siempre según el relato de Condori, y pese a que la comunidad Diaguita Calachaquí había radicado antes de ayer una denuncia en la Policía en contra de quienes estaban intentando desmontar el predio, los obreros aparecieron ayer acompañados de un grupo de efectivos policiales que habrían intentado que se pudiera llevar a cabo la deforestación.

Ante el rechazo de los manifestantes, sin embargo, optaron por retirarse.

Por su parte, el periodista de FM Intensidad de Cafayate, Enrique Figueroa, explicó que se desconoce quién es el empresario que habría adquirido esas tierras, ni a quién se las compró, pero aseguró que todavía no han presentado papeles que lo acrediten. Además, indicó que, según trascendidos, habría un proyecto tendiente a construir un hotel en las tierras que son habitadas la comunidad indígena.

Condori, que ayer se comunicó con representantes de Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), temía que el empresario insistiera con su intención de desmontar y apropiarse de las tierras.
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martes 10 de noviembre de 2009

Empresa japonesa interesada en prospectar minerales en Salta

Interesados en prospectar minerales en la provincia, representantes de la compañía japonesa Geotechnos Co. Ltd. se reunieron con el secretario de Minería, Ricardo José Salas. Durante el encuentro, el funcionario brindó información técnica sobre las potencialidades mineras de Salta.

La empresa había realizado estudios en la Puna salteña y Cordillera Oriental a través de imágenes satelitales en busca de posibles zonas para realizar prospecciones de minerales metalíferos.

En la reunión, Salas se comprometió a apoyar a la empresa a través del acompañamiento de profesionales y técnicos de la Secretaría a las áreas de interés. El personal del organismo les podrá aportar información sobre el uso de nuevas técnicas para la detección de posibles zonas mineralizadas además de otros datos técnicos para enriquecer los estudios previos realizados por la empresa.
http://www.noapress.com.ar/notas_noa.php?id_nota=8271