En su campaña electoral, el actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se comprometió ante representantes de los pueblos originarios, las comunidades campesinas y diversos grupos ambientalistas a revertir la política de bosques arrasados y negocios sojeros que llevó adelante su antecesor, el actual vicepresidente del Senado, Juan Carlos Romero. Noticias llegadas de Salta en estos días parecen indicar que el joven gobernador no estaría dispuesto a honrar sus promesas.
El dato más preocupante es la separación del gobierno provincial de la secretaria de Política Ambiental, Catalina Buliubasich, que en pocos meses de gestión se caracterizó por su celo en denunciar desmontes ilegales y llevar adelante el proceso de ordenamiento territorial que prevé la Ley de Bosques (26.331).
El martes último, las comunidades de wichis y criollos afectados por los desmontes y las organizaciones ambientalistas que los apoyan reaccionaron con preocupación, al enterarse que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta, Julio Nasser, le había pedido la renuncia a la funcionaria, disfrazando su cesantía con una oferta para trabajar “en la cesión de las tierras de los lotes 55 y 14”. La funcionaria no aceptó ese despido camuflado y retornó a la cátedra universitaria.
Referentes de las comunidades y ONG se reunieron el miércoles con el ministro Nasser para plantearle su preocupación pero, según informó el representante de Greenpeace, Hernán Giardini, las explicaciones del funcionario “no fueron convincentes”.
El autor de esta nota también intentó comunicarse telefónicamente con el gobernador Urtubey, sin conseguirlo, no obstante la reiteración de los mensajes dejados en su secretaría privada.
Según el ministro Nasser, Catalina Buliubasich fue alejada “porque no estaba capacitada para algunas de las acciones que se debían llevar adelante en la secretaría”. Según otras fuentes, la ex secretaria de Política Ambiental fue separada por cumplir su deber y afectar poderosos intereses económicos.
Desde el comienzo de su gestión, la antropóloga Buliubasich, que fue decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Salta, se dedicó a organizar la implementación de la ley de Bosques y se atrevió a revisar las autorizaciones de desmontes otorgadas a todo vapor durante el año pasado, para anticiparse a la legislación que frena las topadoras. En 18 casos descubrió graves irregularidades, como la autorización para desmontar sin audiencias públicas ni consultas a las comunidades campesinas e indígenas. En tres casos dispuso la paralización de desmontes que violaban la ley.
Su mayor pecado, sin duda, fue disponer la suspensión preventiva de un desmonte de 30 mil hectáreas en la finca El Álamo, de la empresa Quebracho Colorado SA, que pertenece a los empresarios texanos Paul David Gabel y David Kent Gabel. Los Gabel le habían comprado a Romero 10.800 hectáreas de tierras fiscales en Tolloche y fueron multados por el Ministerio de Medio Ambiente, debido al desmonte ilegal de 10 mil hectáreas en una finca privada aledaña a Tolloche.
El desmonte de El Álamo fue autorizado –casualmente- un día antes de que se sancionara la Ley de Bosques. En ese momento, el apoderado de los texanos era el abogado Sergio Federico Usandivaras, amigo del gobernador Urtubey y actual jefe del Programa Jurídico del gobierno de Salta. Durante la transición entre el gobierno de Romero y el de su (¿adversario?) Juan Manuel Urtubey, el doctor Usandivaras cumplió funciones en la secretaría de Política Ambiental y, según algunas fuentes, andaba “pateando puertas” para que se aprobara el desmonte de El Álamo, cuestionado por tres comunidades wichis. Respecto de las cuales el apoderado de la firma estadounidense manifestó con gran sentido humanista: “Los wichi nunca tuvieron la capacidad para hacer valer sus derechos” (Clarín, 3 de julio de 2007).
El ubicuo letrado también es apoderado de Initium Nafero S.A., una de las afortunadas empresas que compró lotes de la reserva provincial de Pizarro para desmontarlos. En 2004, el entonces gobernador Romero, con el apoyo de la legislatura provincial, privatizó 25 mil hectáreas de un área protegida de la selva de Yungas, cerca de la localidad de Pizarro, en el departamento de Anta, para entregarlas a terratenientes sojeros.
El 18 de agosto de 2004, la Cámara de Diputados de la Nación votó un proyecto de resolución de mi autoría por el cual se solicitaba al Poder Ejecutivo que dispusiera “la preservación del área natural del Chaco Salteño, ubicada en el Departamento de Anta, provincia de Salta”. El 2 de mayo de 2005, ofrecimos una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Parques Nacionales, Héctor Espina, donde éste se comprometió a adquirir parcelas de la reserva en peligro para incorporarlas a la Nación.
El 14 de octubre de ese mismo año, Espina logró firmar un convenio con el gobierno de Salta para crear un área de reserva en los departamentos de Anta y Orán. Este acuerdo permitió preservar 4.200 hectáreas y ceder 800 a la comunidad wichi Eben Ezer.
Pero no todo son rosas. En la actualidad, la provincia de Salta le está planteando a Parques Nacionales establecer una suerte de interjurisdicción en el área reservada, lo que preocupa mucho a las comunidades locales, a los ambientalistas y a varios funcionarios de Parques Nacionales. Razones no les faltan: informaciones que nos hicieron llegar desde la reserva denuncian que las empresas Initium Nafero S.A. y Everest S.A., que desmontan alegremente seis mil hectáreas contiguas a la reserva, no están cumpliendo uno de los términos del convenio entre Parques Nacionales y la provincia de Salta que establece la necesidad de dejar sin desmontar entre 80 y 100 metros antes de la cortina de árboles que los separa del área protegida.
Pero no es la única irregularidad perpetrada por la empresa de la que es apoderado el actual jefe jurídico del gobierno provincial: campesinos de la zona hicieron llegar al autor de esta nota una denuncia inquietante: los aviones sojeros están fumigando los campos con glifosato, directamente sobre las cabezas de funcionarios y campesinos, como lo prueban con fotografías tomadas por ellos mismos.
Una de las fuentes, fue muy gráfica, al comentar ésta y otras barbaridades, como cortarle los neumáticos de la camioneta al encargado local de Parques Nacionales: “Estamos con la soja al cuello”.
http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=5460
