martes 29 de septiembre de 2009

ZICOSUR = IIRSA

Urtubey asumirá la presidencia de ZICOSUR
El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, asumirá la presidencia pro témpore de la ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur) durante el XI Encuentro Ordinario, a realizarse el 8 de octubre en Salta.
La presidencia actualmente se encuentra a cargo del intendente de la II Región de Antofagasta, Cristian Rodríguez Salas, quien pasará a ocupar la vicepresidencia de la Zona de Integración. La apertura y cierre del XI Encuentro Ordinario de la ZICOSUR.

El programa tentativo prevé la firma de una Declaración Conjunta ZICOSUR-CODESUL y la sesión del Plenario de Gobernadores, Prefectos e Intendentes de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur.

Finalizadas estas actividades, las autoridades de los gobiernos regionales ofrecerán una conferencia de prensa anticipa el portal regionnortegrande.com.ar.

Sata se prepara, en el el marco de Ferinoa, para recibir a representantes del Grupo Empresario Interregional del Centro Oeste Sudamericano (Geicos) y de la Zona de Integración del Centro Oeste Sudamericano (Zicosur), y retomar el trabajo encarado hace décadas por empresarios y autoridades de los países integrados a ambos bloques.

El presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Javier Cerúsico, entiende el peso del espíritu que la feria acuna desde 1974, año de su nacimiento.

Esta será su primera exposición y, aunque la situación económica preocupa, confía en que esta semana cerrarán varios contratos con expositores: hasta ayer casi el 70% del espacio del predio ferial había sido reservado.

"La integración y la regionalidad, quiero destacar ambos conceptos porque Ferinoa es una feria integradora de la región. Uno de los objetivos es reflotar el Geicos, darle un nuevo empuje y seguir trabajando en forma mancomunada con nuestros socios", comentó el dirigente, sin dejar de pedirles a los salteños que "participen y tomen conciencia de que la feria es de todos. La debemos asumir como propia".

El trabajo es doble: en el predio del Centro de Convenciones de Limache comenzó a levantarse el esqueleto de la muestra y en la sede de la Cámara de Comercio Exterior los directivos arman la agenda que se desarrollará entre el 2 y 11 de octubre próximo. Entre muchas actividades, sobresalen las ruedas de negocios y de turismo, una exposición dinámica, charlas de capacitación, una reunión de minería.

También se organizan las VIII Jornadas de Lechería del NOA 2009, que congregarán a los productores tamberos de la región. Enérgicos se realizará el 6 y 7 de octubre. En el área de minería, el 9 de octubre se realizarán el Seminario Argentina - Chile y las II Jornadas de Minería y Medio Ambiente.

El 9 de octubre se realizará una jornada organizada por la Fundación Exportar; la Rueda de Negocios se hará el 10 de octubre: participarán empresas de Salta, nacionales y de países vecinos. Estará planteada en diferentes rubros para lograr contrapartes específicas para cada una. Se tendrán en cuenta la oferta y la demanda planteadas.
http://www.momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=1&c=96745

Nuestra región es un espacio socio territorial, históricamente construido y en la actualidad se constituye en una alternativa válida en el proceso de globalización en el marco del MERCOSUR.

Proyección comercial al Pacífico

Los restos arqueológicos prehispánicos de los yacimientos ubicados en el actual Noroeste argentino, norte de Chile, Sur oriente de Bolivia, sur del Perú, nos muestran vestigios culturales de quince mil años atrás, que reflejan fluidas relaciones de intercambio entre los pueblos nativos, evidenciando la conformación de una unidad espacial; sobre ella y sin destruirla avanza la expansión del gran Tawantisuyu, el que la incorpora con el nombre de Kollasuyu.

Luego nos muestra la presencia de un nuevo actor social: el hispano, el que conquista el Cuzco y en su expansión, la integra con el nombre del Tucumán.

Precisamente desde Lima, capital del Virreinato del Perú proceden las huestes fundadoras de sus ciudades y contra esa presencia durante cien años (desde la mitad del siglo XVI y hasta la mitad del sigloXVII), se levantan los calchaquíes, dueños de la tierra, combatidos y erradicados de los fértiles valles, destinados por los españoles, para la invernada de las mulas que traen del centro y litoral, las hacen engordar y las fletan, como animales de carga y desplazamiento a las minas de oro y plata del Perú y alto Perú, generando una corriente comercial y un Mercado Regional.

Cuando el futuro parece promisorio los pueblos nativos del Chaco, disputan la unidad espacial durante otros cien años (2º mitad del sigloXVII hasta mitad del sigloXVIII); recién entonces se restablece la corriente comercial que tiene a la Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán, como enclave en el camino obligado entre la capital del recién creado virreinato del Río de la Plata y el virreinato del Perú, alcanzando a fletar hasta 23.000 mulas por año, entre otras cosas.

La prosperidad dura poco, porque una vez más responde al desafío, actuando la unidad espacial entre 1810 y 1825 como epicentro de la guerra, que desde las Provincias Unidas del Río de la Plata, el General Martín Miguel de Güemes lleva en el marco de las acciones de los Generales José de San Martín y Simón Bolívar por la emancipación de la Gran América.

Corredor Bioceánico

No obstante el logro militar con la emancipación, en lo político, económico y sociocultural, una gran frustración se refleja en la división de la Gran América en naciones estados, anulando la base de una futura grandeza, pero no destruye la unidad espacial construida históricamente, la que tiene desde 1829 a Cobija, como puerto de entrada al Mercado Regional, del que Salta es el centro y el ganado vacuno criollo pilar del intercambio con provincias y países vecinos, a razón de unas 18.000 cabezas por año.

En la reunión de gobernadores de San Nicolás, el de Salta lleva un expreso mandato para hacer valer los intereses regionales en cualquier proyecto de organización nacional, el que se concreta con la Constitución en 1853, organizando el país desde lo político y administrativo, pero sin tener en cuenta lo solicitado.

Frente a ello entre 1870-76 Salta intenta la navegación del Bermejo, buscando para la región la salida al Atlántico, lo que termina en una gran frustración, sumándose en 1879 la Guerra del Pacífico, en la que Chile se impone a la Confederación Peruano-boliviana y como resultado se disuelve la misma, Bolivia pierde su litoral marítimo y con ello el mercado regional del noroeste argentino la entrada por Cobija; ahora la única vía de entrada y salida es el litoral marítimo Atlántico a 1.600 Km. de distancia.

En 1880 la dirigencia política organiza el país de los argentinos desde lo económico, en base al modelo agro exportador, con un centro irradiante: la Pampa Húmeda y el resto queda afuera. Primero el desarrollo es en base a la colocación en el mercado mundial de los cereales y luego de las carnes. La periferia es incorporada territorialmente, mediante sendas campañas militares a la Patagonia y al Chaco, pero no son tenidas en cuenta en el diseño de una política que genere su desarrollo, por el contrario empieza para ellas un largo período de marginación y estancamiento crónico, con sus lógicas consecuencias.

Megapuerto de Mejillones

En 1889 llega el ferrocarril Gral. Belgrano, el que actúa a favor de los intereses del puerto y de la oligarquía, produciendo el derrumbe de la estructura económica regional, el deterioro material y la pérdida de la identidad cultural, al romper los naturales e históricos vínculos hacia el norte.

Los intentos superadores se manifiestan desde 1926, cuando en Salta se concreta la Primera Reunión de Gobernadores del NOA, quienes elevan sus conclusiones al gobierno nacional, marcando la necesidad de la integración nacional, en base al respeto a los intereses regionales.

Pero los intereses centralistas conservan sus logros económicos hasta la crisis económica mundial de 1929, con la que colapsa el modelo del País Granja, productor de materias primas, con una balanza comercial desfavorable para el único centro del desarrollo y su clase dirigente.

En 1930 se suma la crisis política del modelo centralista con el primer pronunciamiento militar contra el gobierno civil, el que inaugura la alternancia en el poder de gobiernos civiles débiles y militares fuertes.

El NOA entretanto vive la promesa de la zona del ramal con la explotación del petróleo y la forestal, estimulada por la demanda de la extensión de las vías férreas. Cuando ambas quedan en esperanzas frustradas, se enciende la eclosión agrícola de los valles centrales, pero los mercados consumidores quedan lejos y el ferrocarril por ser de altura tiene los fletes más caros del país y no tiene la suficiente cantidad de vagones, priorizando los intereses de los centros del poder.

En 1948 se inaugura el Ferrocarril Huaytiquina, que la comunica con la salida al mar más próxima: a 700 Km. con el puerto de Antofagasta (Chile) sobre el Pacífico y también se empieza a trabajar en esa dirección con la ruta 51.

En 1973 se constituye GEICOS, grupo de empresarios del CENTRO OESTE SUDAMERICANO, quienes retomando el camino del cardón y de la llama, procuran restablecer el mercado regional integrando al noroeste Argentino, norte de Chile, sur oriente de Bolivia y Paraguay, todas zonas periféricas de sus respectivos países, con las mismas carencias desunidas y con grandes posibilidades integradas.

En 1985 Salta demuestra la importancia de la exportación por el puerto de Antofagasta, pero las presiones de los intereses afectados y el no poder hacer redituable el Huaytiquina (con carga de ida y vuelta), condenan al fracaso la gran esperanza.

En 1987 al NOA se le incorpora otra zona periférica el NEA y se constituye el Norte Grande, el que se consolida en 1999.

En 1990 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se integran en un bloque económico: el MERCOSUR.

La reforma constitucional de 1994 por sus Art.121 y 124 genera la posibilidad que la región histórica, sumados el NEA y los estados del sur del Brasil -área de soldadura y corredor bioceánico-, se constituya en 1997 en la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur o ZICOSUR, dentro del MERCOSUR.

Las razones están fundadas en el desequilibrio en la estructura productiva de la Región, las vulnerabilidades y potencialidades frente a las estrategias de concertación regional, el desarrollo periférico, economías excluidas, riesgos y temores de marginación; simultáneamente: posición geográfica central en el continente, Corredor Bioceánico, Región crucero entre Buenos Aires, Lima, Chile y el Paraguay, el mega puerto de Mejillones y el Pacífico, océano del siglo XXI, aproximación a los mercados del sudeste Asiático como productores de materias primas y alimentarias.

La realidad demanda su inserción en el contexto económico internacional contemporáneo del MERCOSUR, ALCA y APEC, procesos de integración socio territorial en la aldea global. La ZICOSUR alberga a treinta millones de personas, en una superficie superior a los 2,3 millones de kilómetros cuadrados, en la última ruda de negocios en Santa Cruz de la Sierra(Bolivia), en septiembre de 2006, participaron cerca de mil quinientas empresas del mundo.

miércoles 23 de septiembre de 2009

Se reinician las audiencias para autorizar tierras a desmontar

La Secretaría de Política Ambiental publicó el lunes en el Boletín Oficial la primer convocatoria a audiencia pública dentro del proceso de autorización de un desmonte luego de fines de 2007.
En ese momento, y ante la sanción de la Ley de Bosques Nativos, más conocida como "Ley Bonasso" (por su autor, el diputado nacional Miguel Bonasso), se paralizaron las audiencias para seguir adelante con estas acciones.

Esta primer convocatoria es por un pedido de desmontes abierto en abril de 2007 por la empresa Santa Cecilia del Oeste SA para desmontar 1773 hectáreas en Finca San Damián, de Anta, con el fin de establecer un proyecto de ganadería.

La audiencia está prevista para el 7 de octubre a las 10 en el Salón "La Fraternidad" de JV González. Quienes deseen conocer el expediente pueden hacerlo de 8 a 14 en Balcarce 388 en Salta Capital, o en la Municipalidad anteña, hasta el 5 de octubre.

Según se explicó a Nuevo Diario en la Secretaría de Política Ambiental, esta audiencia se convoca no solo porque están listos los estudios de impacto ambiental y social, sino porque además, los terrenos a desmontar se encuentran ubicados en lo que se conoce como "zona III o verde" dentro del ordenamiento territorial de la provincia de Salta, el cual está zonificado en la Ley 7543 de la provincia. Esta zona es la que se entiende, puede ser destinada al desmonte.

Igual, a este expediente (como se prevé, pasará en otros casos), se le aplica el artículo 28 de la ley, que fuera en principio rechazado por técnicos de Política Ambiental, pero que finalmente fue aceptado por el gobernador Juan Manuel Urtubey al momento de promulgar la ley. Este artículo establece que "las peticiones incoadas bajo el imperio de normas técnicas de calidad ambiental y presentadas con anterioridad al dictado de la ley Nº 26.331 (ley Bonasso), deberán ser consideradas bajo los principios, condiciones y exigencias establecidas en dichas normas y autorizadas según sus preceptos.

En ningún caso resultan de aplicación retroactiva la imposición de técnicas o requisitos nuevos". Esto implica que algunas condiciones del nuevo ordenamiento quedan fuera de análisis, y solo se tendrá en cuenta si el desmonte está permitido en las zonas en las cuales esta actividad sea solicitada.

Con el actual antecedente se deberá tener en cuenta que sucede de ahora en adelante, dado que durante el gobierno de Juan Carlos Romero se habían tramitado autorizaciones de desmontes por cerca de medio millón de hectáreas.
http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/

lunes 21 de septiembre de 2009

Posición de ADIUNSa frente a los fondos provenientes de la minera Bajo la Alumbrera

COPENOA

No se trata de discutir cuánto dinero entra por esta vía, pero sí, y ante todo, si nuestra universidad está dispuesta a seguir alquilando su capital intelectual y tecnológico al mejor postor del mercado, sin analizar mínimamente las condiciones de aplicación de este saber y los fines que los “clientes” dan a este “producto”, y olvidando, por ende, la misión fundamental que ella misma se fijó al ser creada y que se plasmaban en las fórmulas de juramento iniciales: "¿Juran por su honor, ser conscientes de que el título que les otorgamos es fruto del esfuerzo de toda la comunidad y que, en consecuencia, el ejercicio de sus profesiones estará al servicio de la justicia social y el desarrollo regional, nacional y latinoamericano? ¿Juran ser fieles a estos principios, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y trabajando por la paz y la unidad de nuestro pueblo y demás países hermanos, anteponiendo el sentido de solidaridad a todo afán de lucro o de prestigio profesional? Respuesta: Sí, juro. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor”.

Ante el tratamiento que dará hoy el Consejo Superior a la recepción de fondos de la Mina La Alumbrera , ADIUNSA (Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta) hizo llegar a COPENOA su posición . "En vista de la polémica a nivel nacional en torno a la recepción de los fondos provenientes de la Mina La Alumbrera –YMAD por parte de las universidades nacionales, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSa considera imprescindible y necesario fijar una posición al respecto.

Nuestro Consejo Superior, en su sesión del 30 de junio pasado, luego de un encendido debate en el que ADIUNSa claramente expresó su rechazo a la aceptación de los fondos, en coincidencia con agrupaciones estudiantiles, de Derechos Humanos y ambientalistas que se encontraban presentes en la ocasión, decidió encomendar a una comisión ad-hoc, la tarea de reunir todos los antecedentes sobre las utilidades del YMAD giradas a las universidades nacionales. Desde un análisis interdisciplinario esta comisión elevó un informe con una serie de recomendaciones específicas, para que los consejeros tengan información que les permita tomar las decisiones más justas en el espinoso tema que se trataba.

Habiendo analizado muy detenidamente el texto redactado por dicha comisión y atentos a las cinco recomendaciones principales a las que llegan sus miembros, nos consideramos en la obligación de insistir muy firmemente y hasta las últimas instancias posibles en el debate, nuestra unánime decisión de rechazar sin condicionantes la totalidad de los fondos que el Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Interuniversitario Nacional y en base a lo legislado por la ley 14.771, ha decidido distribuir entre las universidades nacionales.

Desde nuestra asociación de trabajadores de la educación universitaria consideramos, a diferencia de lo esgrimido por la comisión ad-hoc y por numerosos consejeros en oportunidad del debate, que el eje fundamental de esta polémica es esencialmente ético y político, y para nada debe limitarse al aspecto jurídico, justificación principal en la que se apoya el grueso de los argumentos de aceptación de los fondos.

Es desde la más sólida convicción que nuestro gremio solicita a los señores consejeros y a la comunidad universitaria toda, que el dinero proveniente de la explotación de la mina de oro Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, no sea aceptado bajo ninguna condición.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) en congreso realizado el pasado 3 de julio de 2.009 rechazó por amplia mayoría la incorporación al presupuesto universitario de los fondos previstos por la Ley Nº 14.771 y el intento de cooptación que suponen. Esta posición se enmarca en el cuestionamiento a la política de “fondos propios para la universidad” que impulsa este gobierno (e impulsaron gobiernos anteriores) y que supone en los hechos la sumisión de la producción académica y científica a los intereses de quienes puedan financiarla.

Sumamos igual posición de los Consejos Directivos de la Facultad de Humanidades de la UNSa, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de las facultades de Psicología, de Filosofía y la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba y un Consejo Consultivo de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco.

Para sostener esta posición hemos tomado perspectiva y observado el camino de nuestra universidad en el seno de la comunidad regional durante sus 36 años de joven historia. Esta institución ha sabido acompañar, más en algunas épocas que en otras, el derrotero de nuestro pueblo, y lo ha hecho sumándose como un colectivo obrero en la búsqueda de desarrollo, libertad y emancipación social y cultural de la región.

La UNSa se crea en 1973 como cristalización de un viejo anhelo sentido por muchos docentes, estudiantes y familias salteñas; es justamente en ese año ,en el contexto de un efímero pero intenso proyecto de liberación social nacional y latinoamericano, que nuestra casa de estudios, entonces dirigida por el poeta y abogado Holver Martínez Borelli, se suma de la manera más solidaria y militante posible a la lucha de los sectores más desposeídos de la región, y prueba de ello es la larga lista de trabajadores universitarios y estudiantes que han sido asesinados o permanecen aún desaparecidos, que fueron cesanteados o que debieron exilarse durante la oscura noche de la más cruel de las dictaduras.

Es desde esta posición ética y política que el Gremio de los Docentes e Investigadores de la UNSa hace la lectura crítica sobre los fondos generados por YMAD. Y no podría ser otra manera porque se trata de dinero proveniente de un proceso de saqueo y expoliación del recurso nacional minero, aquél recurso al que apuntaba la ley 14.771 de 1958, elaborada en el marco de una política nacionalista-desarrollista, en tiempos en que ningún legislador y político avizoraba la entrega del patrimonio nacional de manos de los Chicago Boys primero, durante el latrocinio de Martínez de Hoz y asociados, y luego magnificada por el menemisno como la expresión más violenta del asalto al Estado.

No pocas voces se han alzado, insistiendo en que al tratarse de un impuesto proveniente de una ley nacional, es simplemente dinero público sin manchas. Por el contrario, y en base a los preceptos de la autonomía universitaria y desde la trayectoria de transparencia y honestidad que muchos sectores de nuestra universidad han mostrado durante estos 36 años, es que decimos que no, que no podemos aceptar ese dinero porque está sucio de sangre y miseria, porque al aceptar esos fondos simplemente estaríamos siendo cómplices, no por acción sino por omisión, de la larga lucha que vienen sosteniendo muchos pueblos catamarqueños y tucumanos, pero también nuestros comprovincianos cafayateños por defender su vida frente a la embestida de una transnacional que sólo tiene entre sus objetivos la fuga rápida de capitales a cualquier costo. Inútil sería detallar cifras y anécdotas que hasta la saturación han sido publicados: familias desalojadas, enfermos, intoxicados, animales muertos y plantaciones destruidas, agotamiento de agua potable, consumos de energía desproporcionados, etc., etc., sin olvidar por otra parte que las tres empresas que forman el consorcio explotador de La Alumbrera (Yamana Gold Inc., Barrick Gold Corporation y Gold Corp Inc.) llevan en su pedigrí incontables denuncias internacionales, algunas de ellas gravísimas, como las del asesinato de al menos dos docenas de activistas indígenas y abogados de las comunidades donde opera Xstrata, en la zona selvática de Tampakán . Filipinas. (Fuente: Mineral Policy Institute y www.minesandcommunities.org) .

El rechazo de ADIUNSA a este dinero, que en el contexto político-económico argentino actual no es más que un soborno disfrazado a la Academia, como modo de comprar voluntades y colaborar en el apagado de voces díscolas, es completamente coherente con el debate, impulsado por este gremio desde la década de los noventa a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior, sobre el crecimiento lento pero constante de un financiamiento privado encubierto a través de servicios a terceros y convenios de cooperación con grandes empresas multinacionales.

El caso La Alumbrera resulta así un disparador de una discusión aún más extensa, pero igualmente urgente, sobre la política que la Universidad Nacional de Salta deberá fijarse en cuanto a la aceptación y uso de fuentes de financiamiento privado, habida cuenta que existen en nuestras facultades sectores de investigación que desde hace más de una década han hecho del servicio repetitivo a grandes empresas petroleras, químicas o mineras una práctica cotidiana, amparados por el marco jurídico vigente.

No se trata de discutir cuánto dinero entra por esta vía, pero sí, y ante todo, si nuestra universidad está dispuesta a seguir alquilando su capital intelectual y tecnológico al mejor postor del mercado, sin analizar mínimamente las condiciones de aplicación de este saber y los fines que los “clientes” dan a este “producto”, y olvidando, por ende, la misión fundamental que ella misma se fijó al ser creada y que se plasmaban en las fórmulas de juramento iniciales:

Expediente: 1475/73 Resolución: 471/73 Firmas: Dr. Holver Martínez Borelli, Rector Normalizador; Dr. Enrique Santos Delgado, Secretario Académico

Considerandos:

Que es necesario establecer las fórmulas que deberán ser pronunciadas en el acto de entrega y de recepción de los documentos mencionados; Que las mismas deben sintetizar la filosofía que orienta los fines y objetivos de la Universidad, su vocación regional y latinoamericana y su compromiso de servicio a la comunidad dentro del proceso de liberación nacional, regional y latinoamericana elegido por el pueblo;

El graduado completa esa fórmula pronunciando el siguiente texto:

“…ser consciente de que el titulo que se me otorga es fruto del esfuerzo de toda la comunidad y que, en consecuencia, el ejercicio de mi profesión estará al servicio de la justicia social y del Proceso de Liberación Nacional, Regional y Latinoamericano. Juro ser fiel a estos principios, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y luchando por la unidad de nuestro pueblo y de los países hermanos, anteponiendo el sentido de solidaridad a todo afán de lucro o de prestigio profesionalista. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá mi honor”.

Incluso ahora, cuando las fórmulas de juramento de graduados fueron aggiornadas a los tiempos que corren, y donde la palabra liberación causa cierto escozor, se mantienen aún algunas palabras que comprometen éticamente a los graduados, y que deberían iluminarnos a la hora de evaluar sobre la aceptación de los fondos en cuestión.

¿Juran por su honor, ser conscientes de que el título que les otorgamos es fruto del esfuerzo de toda la comunidad y que, en consecuencia, el ejercicio de sus profesiones estará al servicio de la justicia social y el desarrollo regional, nacional y latinoamericano? ¿Juran ser fieles a estos principios, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y trabajando por la paz y la unidad de nuestro pueblo y demás países hermanos, anteponiendo el sentido de solidaridad a todo afán de lucro o de prestigio profesional? Respuesta: Sí, juro. En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor”.

Por todo lo expuesto es que la Comisión Directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta mantiene firmemente su postura de no aceptar los fondos provenientes de las utilidades de la explotación de la Mina de Bajo la Alumbrera por parte del consorcio internacional Minera Alumbrera Limited.

Por las mismas razones detalladas en este documento es que solicitamos formalmente a los Sres. Consejeros Superiores, a los Sres. Decanos y a la Sra. Rectora de la U.N.Sa, que se expidan unánimemente por el rechazo absoluto de dichos fondos".
http://www.argenpress.info/2009/09/posicion-de-adiunsa-frente-los-fondos.html

Pérez Esquivel se reunió con organizaciones y comunidades

Integrantes de organizaciones ambientalistas, de derechos humanos y de comunidades aborígenes, y estudiantes, debatieron ayer con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sobre líneas de acción para continuar su lucha en defensa del ambiente y en procura de la devolución de los territorios en los que viven ancestralmente.
Pérez Esquivel invitó a "repensar los comportamientos sociales y políticos". Tras escuchar la denuncia de Blanca Lezcano, de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sobre los apremios ilegales y maltratos por parte de la policía de la provincia, que es también la encargada de resolver los conflictos sociales y conflictos ambientales, el premio Nobel de la Paz destacó que muchas de las cosas que se hacen, en cuanto a dañar el ambiente y abuso de poder, "no se podrían hacer si no fuera por la anuencia del poder político y el Poder Judicial".

"Los gobernadores son señores feudales que hacen lo que quieren y no lo que deben. Pasa en todas las provincias, no solo en Salta", sostuvo.

La reunión, convocada por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), se llevó a cabo en el Complejo de Bibliotecas, aprovechando la presencia del premio Nobel, invitado por la Universidad Nacional de Salta para debatir sobre los fondos mineros destinados a las universidades públicas.

En el encuentro se dio un debate sobre el rol de las universidades, hubo críticas por considerar que el saber científico está alejado del saber popular, y hubo también pedidos a Pérez Esquivel para que su organización brinde apoyo a la lucha por la recuperación de los territorios indígenas y las tierras que ocupan campesinos en el norte salteño. "El problema de la tierra es el más acuciante en Salta", afirmó Chris Van Dam, del Foro Salteño por la Tierra. Añadió también el problema de los bosques y los desmontes, y la territorialidad indígena, sobre la que criticó la práctica en la Argentina de una política indígena que "solamente visualiza lo indígena como algo tutelar". Recordó que en el país hay una normativa que reconoce los derechos de los pueblos preexistentes y consideró que se debe apuntar a lograr que se apliquen esos derechos. En tal sentido insistió en el reconocimiento de la territorialidad y el derecho de los pueblos originarios a administrarse.

Jesús Vilca, de la Unión de Comunidades Victoreñas (UCAV) de Santa Victoria Oeste, pidió acompañamiento jurídico y aseguró que las instituciones oficiales de Salta, como el Instituto de Pueblos Indígenas (IPPIS), "son conformados por líderes políticos del Gobierno" y no los representan en la práctica .

La UCAV integra la Qullamarka, coordinadora integrada por más de 80 comunidades kollas, igual que la Organización Tinkunaku, de Orán. Un representante de esta organización, David Sarapura, coincidió en la crítica al IPPIS y a otros organismos del Estado salteño: dijo que no fortalecen a los pueblos originarios, sino a sí mismas, "o a un gobierno que ni siquiera nos escucha". En otro orden, invitó a las universidades a explotar el saber ancestral de los aborígenes.
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Un testigo de Leavy describió procedimientos informales

Uno de los tres testigos que declaró ayer (del total de 14 convocados) en el proceso de juicio político que se sigue contra el intendente de Tartagal, Sergio Leavy (FPV), describió procedimientos informales en las contrataciones municipales.
Dijo que estas acciones provienen de la intendencia de Marcelo Abraham (PJ). Así lo informó el concejal Walter Salvatierra (PJ). El testigo, propuesto por Leavy, es Máximo Cruz, actual director de Servicios Públicos Tarifados de la municipalidad tartagalense.

Según contó ante el Concejo Deliberante, constituido en tribunal de juicio, está en el municipio desde hace siete años, desde cuando ocupa cargos políticos. Recordó que con la gestión del ex intendente Darío Valenzuela (PRS) fue ejecutor técnico de algunas obras, y dejó entrever que el manejo irregular de la administración municipal proviene ya de la gestión de Abraham.

Sostuvo que la solicitud para realizar contrataciones no se lleva a cabo como corresponde, y que en algunos casos no se hacen certificaciones de las obras. Y añadió que pedía los presupuestos de obras a las empresas en simples talonarios de tipo taco. César Aguilera, empleado de planta permanente que actualmente cumple funciones de secretario del secretario de Obras Públicas municipal, Antonio Hoyos, dijo que no tenía conocimiento de los contratos que se realizaban, pero añadió que no vio que la máquina vial del empresario Oscar Elías estuviera realizando trabajos en el basural municipal. Elías cobró unos 220 mil pesos a la municipalidad por el alquiler de maquinaria vial para realizar trabajos en el basural. Esta operatoria es la que motivó la iniciación del juicio político porque el gasista Martín Almaraz denunció que se utilizaron facturas suyas, sin su autorización, para cobrar al municipio. Sostiene incluso que falsificaron su firma en las órdenes de pago y los endosos de los cheques librados por la municipalidad. Aguilera narró que antes de la contratación con Elías fue encomendado por la directora de Tierras Fiscales, María Eugenia Andrew, para que hiciera un relevamiento del basural con el propósito de pedirle a la gente que vivía muy cerca que corriera sus casillas porque el lugar había colapsado. Recordó en este sentido que algunas personas se alejaron un poco y otras obtuvieron viviendas en otros lugares. La última testigo de la jornada fue Elizabeth Bobadilla, una empleada contratada también secretaria de Hoyos y que se desempeña además como secretaria de la Cooperadora Asistencial y es docente. Contó que su función en la Secretaría de Obras Públicas es llevar un control de las cooperativas de desocupados que están haciendo obras para la municipalidad. En cuanto a los trabajos en el basural, contó que Hoyos le pidió verbalmente que buscara quienes quisieran hacerlo. Que en cuanto a la contratación con Elías se acordó que la hora/máquina costara 140 pesos, y que el municipio se comprometía a proveerle combustible, mantenimiento y reparación, y el contratista tenía que que hacer un mínimo de 10 horas diarias de trabajo.
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sábado 19 de septiembre de 2009

PÉREZ ESQUIVEL EN SALTA

adolfo perez esquivelInvitado por la UNSA, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, llegará hoy a Salta para participar del debate en relación a los fondos que Minera Alumbrera, envía a educación.

Por la tarde, se reunirá con los miembros del Consejo Superior Universitario, y más tarde continuará con un panel debate sobre conflictos sociambientales en el NOA.

En tanto, mañana sábado, a partir de las 10, en el salón del Complejo de Bibliotecas de la Provincia, de avenida Sarmiento y avenida Belgrano, Pérez Esquivel se reunirá con integrantes de organizaciones sociales y representantes de comunidades rurales y urbanas.

Fuente: El Tribuno


jueves 17 de septiembre de 2009

SEGUNDA NOTA SOLICITANDO AL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNSA QUE RECHACE LOS FONDOS DE YMAD.


MAÑANA VIERNES 18 , Y SÁBADO 19 ESTAREMOS PRESENTES EN LA UNSA JUNTO A NUMEROSAS ORGANIZACIONES SOCIALES, EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA UNIVERSIDAD.


MARIANA ARAUJO
03868 156 38448

AUTOCONVOCADOS DEL VALLE CALCHAQUÍ- CAFAYATE
miembro de:
UNIÓN DE LOS PUEBLOS DE LOS VALLES CALCHAQUÍES
ASANOA - UAC

Cafayate, Salta, 16 de Setiembre de 2009.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Sra. Rectora, Ing. Stella Pérez de Bianchi

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio al Consejo Superior Universitario, a los miembros de la Comisión AD-HOC que se ha formado para elaborar un informe que sirva de base de discusión sobre la distribución de fondos provenientes de YMAD, y al resto de la Comunidad Universitaria.

El informe realizado por el Dr. Raúl Seggiaro, la Lic. Norma Naharro y la Dra. Alicia Kirschbaum, nos ha llevado diversas reflexiones que quisiéramos aportar para este debate que se ha instalado tanto en la Universidad como en la sociedad toda.

En primer lugar debemos aclarar que si bien es cierto que, como la comisión AD-HOC afirma, la distribución de fondos tiene un soporte legal, lo que origina el debate no es la legalidad de la norma de origen sino la legitimidad que estos fondos tienen hoy a la luz del daño que la gran minería, y particularmente Minera Alumbrera, está ocasionando a nuestras comunidades. Justamente lo que ha instalado el debate, además de la iniciativa del Premio Nóbel de la Paz , fue el rechazo de los fondos desde una decisión rotunda e inamovible tomada por varias facultades a la luz de la ÉTICA, y no desde el desde la necesidad de financiamiento de la Educación Pública , debate que, como sociedad, también nos debemos.

Cabe destacar nuevamente entonces que si la Cámara Nacional de Casación Penal confirma el procesamiento de Julián Rooney el dinero proveniente de Minera Alumbrera se convierte en DINERO NEGRO, derivado de una ACTIVIDAD DELICTIVA por lo que LAS UNIVERSIDADES QUE LO RECIBAN PARTICIPARÍAN DEL LAVADO DE DINERO. Así como ya lo han dicho otras voces de esta misma Universidad, no aceptaríamos dinero proveniente del narcotráfico para hacer estudios sobre los efectos del mismo en la población. Insistimos: nuestras universidades no pueden convertirse en cómplices del delito. Adjuntamos al respecto una nota publicada en el Boletín de Noticias de Movida Ambiental, en la que el Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, Dr. Antonio Gustavo Gómez, explica la situación legal en que las universidades que acepten estos fondos podrían quedar. Si aún con esta información este Consejo Universitario continúa considerando la posibilidad de aceptar estos fondos, solicitamos que antes de tomar una decisión requieran una reunión con el Fiscal Gómez para poder informarse formalmente sobre los riesgos legales a que la Universidad se expone.

Coincidimos con la comisión en que “Los problemas generados por las condiciones de explotación de la mina Bajo de la Alumbrera muestran que existe una evidente contradicción entre el sentido político originario de la Ley Nro. 14.771 (…) y la significación que cobra en el marco de las actuales circunstancias y condiciones en las que dicho reparto se efectiviza”. Durante años se mantuvo esta ley sin cumplimiento. Años ha llevado a las poblaciones afectadas lograr que nuestras voces sean oídas en un país mareado en los discursos de rentabilidad empresarial. Ahora, recién ahora, cuando los reclamos han tomado verdadero estado público, cuando el modelo minero está siendo cuestionado desde los más diversos sectores de la sociedad, cuando por primera vez en Latinoamérica una empresa minera es llevada a la justicia por el delito de contaminación peligrosa para la salud y el vicepresidente de Minera Alumbrera, Julian Rooney, es procesado por este delito, justamente ahora YMAD reparte los fondos de Alumbrera.

Definitivamente creemos que no se deben aceptar los fondos. No es posible creer que tendremos universidades independientes en este contexto. No es posible creer que las universidades luego de recibir estos fondos harán estudios que comprometan la actividad que las financia. Aunque haya científicos honestos y personas comprometidas con el bienestar de la población, que probablemente podrían trabajar sin corromperse, y en honor a esta misma honestidad y compromiso, hoy es indispensable romper con este círculo vicioso que ensucia a nuestras instituciones. Lejos de circunscribir la discusión a la disyuntiva fondos-sí o fondos-no, estamos convencidos de que el NO A LOS FONDOS DE YMAD es, sin lugar a dudas, el punto de inflexión desde el cual nuestras Altas Casas de Estudio, cunas de la producción del saber científico, se posicionan, independientes del poder económico, al servicio de las necesidades de las poblaciones, e incorporan, a través del debate, a la comunidad dentro de la universidad, que, en todo caso, le pertenece. La discusión sobre el rechazo de los fondos no desvía la atención del problema sino que profundiza la mirada.

Con todos los valiosos aportes que esta comisión AD HOC ha volcado en su informe (con los que, en su mayor parte, coincidimos), consideramos que la UNSA está en condiciones de apoyar efectivamente los reclamos de las comunidades, por lo que solicitamos a esta Universidad que:

· Rechace los fondos prevenientes de YMAD

· Aporte nuevas informaciones a la justicia para sumarlas en la causa que pesa sobre Julián Rooney, dado que entendemos que en dicha causa no se hace mención a Campo Arenal. El informe señala la enorme cantidad de agua que Minera Alumbrera toma de este acuífero afectando el Río Santa María “debido a la captación y consumo de 3.960 m3/h de agua subterránea en el Campo del Arenal, donde tiene sus nacientes, sin conocer su balance hídrico.” Consideramos entonces que es necesario denunciar que Minera Alumbrera debió haber presentado sus Informes de Impacto Ambiental para ser evaluados en la Provincia de Salta, ya que afecta recursos hídricos de esta provincia. Cabe destacar que hemos hecho al respecto diversas presentaciones administrativas ante las autoridades provinciales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de Minería y ante el Gobernador) y no hemos obtenido respuestas razonables.

· Acompañe el reclamo de los Valles Calchaquíes pronunciándose por la urgente necesidad del cierre preventivo de Minera Alumbrera, hasta tanto se resuelva la Causa mencionada.

· Solicite con carácter de URGENTE informes a la Secretaría de Minería de la provincia sobre las actividades que Xtrata Copper realiza en JASIMANÁ. El Informe de Impacto Ambiental para la etapa de Exploración que esta empresa realiza en la zona ( Expte.Nº 18.655, 18.656, 18.657) dice que en las 28.719 hectáreas de exploración y proximidades no existen sitios de valor histórico, cultural, arqueológico ni paleontológico. Solicitamos que la UNSA elabore un informe al respecto, que sea elevado a la secretaría de Minería de la Provincia. Existe en esa zona una presencia histórica de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Jasimaná, cuyos derechos están siendo violados. (adjuntamos IIA)

· Acompañe el reclamo de los Valles Calchaquíes exigiendo que el proyecto Agua Rica sea evaluado por nuestra provincia, ya que en su IIA establecen que disminuirán el caudal del Río Santa María, y en el Depósito de Colas Secas y Escombreras del Valle del Cazadero preveen filtraciones contaminantes hacia el acuífero Campo Arenal.

· Acompañe el rechazo a la RESOLUCION N º 130 de Secretaría de Minería de la Provincia (Expte. Nº 143-31.901/08) y la RESOLUCIÓN N º 201 del Ministerio de Desarrollo Económico de la Pcia. de Salta, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta Nº 18.141, el lunes 06 de Julio de 2009, que establecen una zonificación minera de la provincia violando el derecho elemental de igualdad ante la ley (adjuntamos nota presentada ante el Concejo Deliberante de Cafayate, explicitando la situación).

· Acompañe a Los Valles Calchaquíes en su reclamo del derecho de participación en la toma de decisiones y de que se considere prioritaria la vocación de cada zona o región (ley 25.675, art 10-inc.a), en relación a la posible reapertura de la Mina Nuclear Don Otto en el centro de una zona claramente agrícola-gandera, turística y vitivinícola, en la cual la población ya se ha manifestado diciendo NO a la minería contaminante.

Adjuntamos la Declaración de Primera Reunión Nacional de Facultades y otras unidades académicas que rechazaron los fondos de Minera Alumbrera Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba 8 de septiembre de 2009, y el Comunicado de Adolfo Pérez Esquivel al Consejo Superior de la UBA.

Por último, mientras el estado se desentendió de la custodia de nuestros bienes comunes, la sociedad en su mayor parte se desentendió de la custodia de las decisiones del Estado, no cuestionando, no opinando, no debatiendo. Bienvenido, entonces el debate.

A la espera de una respuesta favorable, a la luz del compromiso social y de la ética, saludamos a Ud. atte.

Autoconvocados del Valle Calchaquí – Cafayate y San Carlos

Miembro de: Unión de los Pueblos de los Valles Calchaquíes

ASANOA-UAC

Nuestra Señora del Rosario 114

(cp 4427) - CAFAYATE – SALTA

Cel: 03868 – 156 38448 /156 38758 / 03868- 154 04099

autoconvocados_cafayate@hotmail.com


La UNSa y el macabro dinero de la minera multinacional

“…pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don Dinero”.

(Don Dinero, letrilla, de Francisco de Quevedo y Villegas, 1580-1645)


Es auspicioso que el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, mediante Resolución 1218-09 del 27 de agosto pasado, haya rechazado por unanimidad los fondos provenientes de la Minera Alumbrera Ltd., explotada por una UTE, integrada por empresas multinacionales “con oscuras operaciones tanto en lo nacional como en lo internacional… incurriendo en permanentes y sistemáticas violaciones a las normativas vigentes y derechos humanos”, que incluyen “clientelismo de empresa, malas operaciones ambientales, etc.”, como concluye el segundo considerando de esa resolución. Es auspicioso que en la Resolución de Humanidades se haya unido el rechazo de fondos al rechazo de esa tecnología “ecogenocida”, por los daños humanos y ambientales de sus procedimientos. Es auspicioso que esa resolución haya sido presentada por consejeros estudiantiles de esa facultad. Es auspicioso que el rechazo se esté extendiendo por diversas unidades académicas de universidad nacionales. Es auspicioso que el rechazo de Humanidades se haya fundado en proposiciones que lo recomiendan, expresadas por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y por un estudio del Premio Nobel Alternativo (Right Livelihood Award). 2004, el Dr. Raúl Montenegro, de Córdoba. Es auspicioso que la Resolución de los humanistas de la UNSa haya sido comunicada al Consejo Superior de esa Casa de Estudios y a cada una de las demás unidades académicas incluidas las Sedes Regionales de Orán y Tartagal, invitándolas a sostener esta posición en el máximo órgano decisorio universitario, haciendo ver la responsabilidad ética que le cabe frente a la vida y a los derechos ambientales y humanos.

Todo ello es muy auspicioso. ¿Por qué? Veámoslo.

Con esa resolución, quedó instalado el debate en el ámbito universitario y en el público pues, de no haberse producido la misma, es probable que ni la población universitaria ni la población salteña en general hubiesen tomado conocimiento de ello ni del significado de esos fondos.

La Ley Nacional 14.771 (1958) establece que, de las ganancias de la explotación minera “Bajo la Alumbrera” – Catamarca- una parte corresponde a esa provincia, otra, a la Universidad Nacional de Tucumán y una parte a un fondo para ser distribuido entre el resto de universidades nacionales (art. 18, c). El emprendimiento es del tipo de minería a cielo abierto, una tecnología incorporada décadas después de la citada ley, pues actualmente, extraer los metales requiere “producir grandes voladuras de montañas por dinamitación, a partir de la utilización de sustancias químicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, entre otros) para disolver (lixiviar) los metales del mineral que los contiene” y “que implica niveles aún mayores de afectación del medio ambiente, generando cuantiosos pasivos ambientales, al tiempo que requiere tanto un uso desmesurado de recursos –entre ellos el agua y la energía…- como la intervención de manera violenta en la geografía de los territorios para la explotación” (Svampa, M/ Antonelli, M., 2009, pg. 16). Bajo la Alumbrera es el comienzo al menos de tres grandes “emprendimientos”; uno, el triple que ésta y otro el séxtuple en proporciones, es decir, el triple y el séxtuple de dañinos en zonas que nos afectan directamente.

La Resolución humanista de la UNSa hace honor justamente a la búsqueda de mayor humanidad de la actividad académica y de mayor humanidad de las actividades que emprende el hombre en cualquier ámbito que sea. El actuar humano tiene siempre una resonancia bio-ambiental. Que Humanidades haya abierto el debate hace honor a la condición misma del hacer universitario, entendido como servicio público y, por tanto, como compromiso público. La Facultad de Humanidades, mediante la Resolución de sus Consejeros, ha puesto sobre el tapete público salteño una cuestión que nos involucra a todos y que tiene proyecciones futuras vitales. En efecto, la continuidad de los proyectos extractivos de la megaminería compromete la vida futura y pone en riesgo los ecosistemas biológicos de vastas regiones cordilleranas y precordilleranas argentinas y chilenas, como también a lo largo de todo el continente.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, escribió el pasado 24 de junio a los rectores de las universidades nacionales instándoles a que “deberían rechazar esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento” y recordaba que se trata de una empresa “judicializada por contaminación, que es un delito federal”, además de señalar que el debate “se relaciona con la definición del país que queremos”.

El Premio Nobel Alternativo 2004, Raúl Montenegro, había afirmado en el Parlamento Sueco, al recibir el galardón, que los tres principales problemas ambientales son la corrupción, los malos funcionarios públicos y el egoísmo de muchos ciudadanos y empresas”. El informe de este último también coincide en reclamar el rechazo de los fondos por parte de las universidades nacionales.

Es auspicioso que los humanistas de la UNSa hayan rechazado esos fondos porque entre sus grandes implicaciones, la resolución pone en tela de juicio el dogma de fe en el progreso a cualquier precio, más aún si se trata de territorios “alejados”, es decir, todos los de las zonas cordilleranas, considerada un desierto, al igual que en los tiempos de la Organización Nacional y la genocida y colonialista Campaña del Desierto, sin considerar a los habitantes -muchos de ellos originarios- con los universos culturales de sus economías, sus ritmos productivos propios, afectados por una invisibilidad típicamente argentina (Svampa, Maristela; Bottaro, Lorena; Sola Álvarez, Marian, 2009, ps. 41-46). No por nada la resolución de Humanidades, en el considerando 19, apela al lema de la UNSa, Mi sabiduría viene de esta tierra y, en el siguiente, alude al imposible absurdo de “doblegarse por las migajas de un dinero que contamina”.

Además, la resolución se refiere al contexto corrupto que hizo posible el goce de descabelladas ventajas impositivas, aduaneras y otras de que gozan las mineras por leyes promovidas en la década de los 90, y por el accionar de ellas, que contamina y debilita la salud poblacional, y advierte que la recepción de los fondos no haría sino encolumnar a la facultad y, en su caso, a la universidad toda en ese mismo contexto de corrupción.

Este logro estudiantil, además, es positivo porque, por una parte, muestra que la juventud se preocupa por verdaderos problemas y toma partido ante ellos de modo informado, sentando también docencia entre docentes quienes, por su parte, manifestaron una avanzada madurez académica y pedagógica al votar por unanimidad una resolución propuesta por estudiantes y discernida en todos sus términos por los consejeros.

También la resolución abre, se lo haya o no pensado así, un rumbo nuevo en las prácticas de investigación y de conocimiento como tarea académica; en efecto, con esa valiente resolución, no sólo se cuestiona la actividad humana que hace de la naturaleza un mero recurso económico, sin siquiera pensar en los vínculos que la ligan al resto del cosmos y al ser humano con sus creaciones, entre las cuales se encuentra la cultura y la agri-cultura con sus formas tradicionales y más que “sustentables”, humanizantes (es sabido que el trebejo de la sustentabilidad se utiliza funcionalmente respecto de las insaciables ambiciones tecno - productivas y destructivas de un modelo mercantil financiero hegemónico totalitario de civilización monocultural, que piensa, proyecta y ejerce un accionar esencialmente “insostenible” -Fornet-B. R, 2009, pgs. 81-94). Por ello, también esta resolución abre las puertas a un tipo de conocimiento donde tengan lugar la pluralidad de culturas del conocimiento en diálogo, para una convivencia inclusiva en paz de todos los hombres y no para la desmesura de un poder invasivo que excluye a las dos terceras partes de la humanidad de los derechos a la vida y a la plenitud, del derecho a la autodeterminación cultural, política, económica y productiva de los pueblos.

Que el eje de la cuestión no es el dinero, sino si la minera destruye o no los hábitats o viola derechos humanos y liquida diariamente millones de metros cúbicos de agua, convirtiéndola en vector contaminante, como algún docente universitario ha insinuado, acosado por la menesterosa situación financiera de las universidades; o que legalmente se “deba” recibir esos dinerillos contaminados, como alguna autoridad académica ha manifestado (Diario El Tribuno, Salta, 30.08.09, pg. 34); que numerosos docentes e investigadores estatales son pagados por empresas privadas, generando el hábito de un clientelismo gnoseológico de la más cuestionable entidad ética, todo ello no hace más que refrendar el coraje académico de los consejeros de la Facultad de Humanidades de la UNSa, sentando el precedente de cuestionar esas prácticas universalizadas por lineamientos como, por ejemplo, los del Banco Mundial, con su “agenda hegemónica neoliberal” (Torres, C. A., 2008, pg. 217; 219) , y poner un testimonial y potente escollo a la “licencia social” (Giarracca, N.; Hadad, G., 2009, pg. 251) que inventan y necesitan esos depredadores de los “Cárteles trusts consorcios corporaciones sociedades anónimas/ -el pillaje del planeta-“ para seguir imponiéndose mediante “la fuerza compulsiva de los hechos” (Franz Hinkelammert), y que no dudamos en parafrasear como un escollo definitivo a la “licencia académica” que a toda costa necesitan.

Ahí está la cuestión: rechazar fondos que sí corresponden por ley, pero que provienen de violaciones delictivas contra el hábitat y los derechos humanos es, desde el contexto ético, un imperativo de vida o muerte, nada menos.

Por eso, no se puede andar pordioseramente “separando” el dinero de la contaminación y las violaciones a los derechos humanos, como si se tratara de rigurosos análisis científicos y, por un lado, acoplándose a la letrilla de Quevedo, cuando también dice “y pues quien le trae al lado/ es hermoso aunque sea fiero,/poderoso caballero /es don Dinero”, hacer creer que es “hermoso” (es decir, éticamente aceptable) recibir esos oscuros fondos y, por otro, andar diciendo que no se va a perder la libertad o “limitar una universidad” por causa de ellos (Diario El Tribuno, Salta, 30.08.09, pg. 34), como si por ser tal –universidad- se es ético necesariamente. La ética se puede perder en cualquier actividad humana. Lo demás es mito, ignorancia o simple mala fe. La ética es la que proponen los humanistas a toda la Universidad Nacional de Salta, y en conjunto con muchas unidades académicas de otras universidades nacionales. Por otra parte, lo legal no es la última instancia ética de la sociedad. Por el contrario, la ética puede contradecir lo legal, de allí una opción como esta resolución, que habla de una acendrada dignidad intelectual. No olvidemos que los formados por las universidades son aquellos que conducen el país desde su organización constitucional y no olvidemos que desde allí se gesta la corrupción, única explicación, como se sabe, para que esas mineras liquiden el medio ambiente, atenten contra la salud, pongan las aguas en situación de riesgo a nivel de catástrofe ambiental , es decir, atenten contra la vida en sus diversas formas.

Mucho se podría agregar a lo precedente, como aludir al Manifiesto de Potsdam 2005, que asume el imperativo ético-ambiental para la investigación mundial acuñado en 1955 por Albert Einstein y por Bertrand Russell: “We have to learn to think in a new way” (Tenemos que aprender a pensar de una nueva manera) y que refrendaron 131 científicos de 27 países, por ejemplo.

Concluyamos, empero, diciendo que no concederle a este tipo de actividad minera su “licencia académica” mediante el rechazo de tales fondos, para que esos carteles de la depredación no alcancen la impulsivamente necesitada “licencia social”, se convierte en un imperativo ético ineludible para toda la universidad desde su hoja directriz que reza “Mi sabiduría viene de esta tierra”.

Referencias

(*) Carlos María Pagano Fernández es Profesor y Licenciado en Filosofía por la UNSa (1978 y 1982 respectivamente) y Doctor en Filosofía por la Rheinsch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Aquisgrán), Alemania (1999). Está a cargo de las cátedras de Ética y Filosofía de la Religión en la Universidad Católica de Salta, entre otras actividades docentes. Miembro del Consejo Provincial por el Cuidado del Agua – Salta.

Fornet-Betancourt, Raúl, 2009, Tareas y propuestas de la filosofía intercultural, Verlagsgruppe Mainz in Aachen, Aachen.
Giarracca, Norma; Hadad, Gisela, 2009, Disputas manifiestas y latentes en La Rioja minera Política de vida y agua en el centro de la escena, Svampa, Maristela; Antonelli, Mirta A. (eds.), 2009, pgs. 229-253.
Svampa, Maristela; Antonelli, Mirta A. (eds.), 2009, Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Biblos, Buenos Aires.
Svampa, Maristela; Antonelli, Mirta A., 2009, Introducción. Hacia una discusión sobre la megaminería a cielo abierto, en Svampa, Maristela; Antonelli, Mirta A. (eds.), 2009, pgs. 15-27.
Svampa, Maristela; Bottaro, Lorena; Sola Álvarez, Marian, 2009, La problemática de la minería metalífera a cielo abierto : modelo de desarrollo, territorio y discursos dominantes, en Svampa, Maristela; Antonelli, Mirta A. (eds.), 2009, pgs. 29-50.
Torres, Carlos Alberto, 2008, Después de la tormenta neoliberal: La política educativa latinoamericana entre la crítica y la utopía, en Revista Iberoamericana de Educación-de Educação. Políticas de educación en tiempos de globalización. Políticas de educação em tempos de globalização, OEI, N° 48, Madrid, 2008, p. 207-229.

http://noticias.iruya.com/content/view/26775/417/

miércoles 16 de septiembre de 2009

NOVENO CAMPAMENTO LATINOAMERICANO DE JOVENES













San Luis – Valles Calchaquíes – Salta – Argentina

“Construimos dignidad luchando desde nuestros territorios”

Entre el 16 y el 20 de septiembre, en el paraje San Luis-Chuscha, en los Valles Calchaquíes salteños, Argentina, realizaremos el Campamento Latinoamericano de Jóvenes por noveno año consecutivo.

En estos territorios de valles y cerros, ciénegos y quebradas, donde culturas indígenas y campesinas luchamos por defender y desarrollar nuestras formas de producir alimentos, medicinas, vivienda, intercambio y cambalaches, nos juntamos más de 800 jóvenes de organizaciones campesinas, indígenas y urbanas de Argentina, Paraguay, Brasil, y España.

Durante cinco días compartimos, intercambiamos, reflexionamos sobre nuestras realidades, reafirmando desde nuestras identidades y saberes, la lucha por la Soberanía Alimentaria y la defensa del Territorio.

Realizaremos talleres prácticos como trenzado de cuero, danzas regionales, quichua, artesanías, teatro popular, apicultura, elaboración de alimentos entre otros, enmarcados en dos grandes ejes: la Soberanía Alimentaria y Territorio y la Cultura Popular y la Comunicación.

Durante los talleres de discusión, debatimos a partir de la reflexión de nuestras prácticas sobre las problemáticas que afectan a nuestra Latinoamérica: contaminación ambiental, saqueo y concentración de los bienes naturales, expulsión de los jóvenes de las comunidades, la violencia del neoliberalismo hacia la juventud.

El modelo agro-minero-exportador, representado por las empresas multinacionales y las entidades empresariales locales, destruye los bosques y montes nativos, contamina y va secando las fuentes de agua, la tierra, expulsa a las familias campesinas e indígenas de sus tierras, genera hambre y desocupación en la ciudad, haciendo de la naturaleza una mercancía y destruyendo su equilibrio. Un gobierno que a pesar de algunas medidas coyunturales, sigue sosteniendo estructuralmente ese modelo de agronegocios, y negando el apoyo serio al desarrollo del modelo campesino indígena.

Luchamos y resistimos a diario en nuestros territorios contra este modelo, defendiendo la vida campesina indígena.

Porque nos sentimos protagonistas de nuestros destinos como jóvenes de Latinoamérica comprometidos, practicando los valores de la solidaridad, compañerismo, responsabilidad, desarrollamos estrategias de lucha contra el neoliberalismo desde cada territorio por un mundo más justo para todos y todas.

Movimiento Nacional Campesino Indígena - Vía Campesina Argentina

(MOCASE-VC, UST, Red Puna, Encuentro Calchaquí-CUM, MCC, SERCUPO, Giros Rosario, Mesa Campesina del Norte Neuquino)

Vía Campesina Brasil (PJR, MST, MAB, MPA, FEAB, MMC, CPT)

Vía Campesina Paraguay (MCP, MNCNOC, CONAMURI, OLT)

FPDS (Frente Popular Darío Santillán), Regional de jóvenes de Bs. As.

Comunidad Diaguita Calchaquí de Río Colorado, Cooperativa de Pequeños Productores Vitivinícolas de Cafayate, UTR-Misiones, A.E.CHE.LAR La Rioja, San Luis, Fuerza Criolla y La otra Voz-Chaco, Coop La Minga- Oncativo Cba,

Contactos de prensa: 03868 15402 067 03868 15459 867

movnaccampesinoindigena@gmail.com

encuentrocalchaqui@yahoo.com.ar

Visita del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel a la Universidad Nacional de Salta

Gacetilla de prensa


- 18 y 19 de septiembre de 2009 -

Debate sobre los fondos mineros que reciben las universidades

El 10 de junio de 2009, Adolfo Pérez Esquivel envió una carta al Consejo Interuniversitario Nacional y a todos los rectores de las Universidades Nacionales, pidiendo que rechacen los fondos provenientes del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca, “por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento”.

En el marco del debate que se desató en el mundo universitario sobre este tema, la rectora de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Stella Pérez de Bianchi, le solicitó al Premio Nobel de la Paz que se reuniera con el Consejo Superior de su universidad.

Dicha visita se realizará esta semana, los 18 y 19 de septiembre de 2009. El programa será el siguiente:

Viernes 18/09

Hotel Salta (calle Caseros esq. Buenos Aires - plaza 9 de julio)

· 11hs: Conferencia de prensa.

Complejo Castañares de la Universidad Nacional de Salta

· 15hs: tendrá lugar la reunión con integrantes del Consejo Superior de la Universidad

· 17hs: en el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales, se realizará un panel-debate, organizado por la UNSa y la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar: “Recursos naturales y conflictos socioambientales en el NOA” - Distintas miradas sobre la explotación minera y la expansión de la frontera agropecuaria y su impacto sobre los pueblos originarios, campesinos criollos y habitantes de ciudades y poblaciones del N.O.A.

Participan:
ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL - SERPAJ - Premio Nobel de la Paz

CARLOS REBORATTI - Lic. en Geografía - U.B.A.

DANIEL ÁVALOS - Prof. en Historia – ISEPCI

Sábado 19/09 - Salones del Complejo de Bibliotecas de la Provincia (calle Sarmiento esq. Belgrano)

· 10hs: Reunión con integrantes de las comunidades sociales

Esperamos una amplia participación de la comunidad estudiantil y de la sociedad civil a este debate, ya que se vienen movilizando desde hace varios meses para pedir el rechazo de los fondos. Las universidades deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos, y deben abrir sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos.

miércoles 9 de septiembre de 2009

LA "SUBLIME" CONTRADICCIÓN...

Luego de la Carta Abierta dirigida al CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en junio de 2009, donde propone que las Universidades Nacionales rechacen los fondos de YMAD, aclarando: "(...) pedimos que se rechacen esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento".

Luego de que la Facultad de Humanidades de la UNSA (Universidad Nacional de Salta) resolviera por Resolución NO RECIBIR LOS FONDOS GIRADOS POR YMAD, el Consejo Superior de la UNSA formó una Comisión Ad-Hoc para elaborar un informe que sirva como base de "discusión".

La Comisión fue integrada por:

Dr. Raúl Seggiaro

Lic. Norma Naharro

Dra. Alicia Kirschbaum

y colaboración de:

Lic. Catalina Buliubasich

De todo el Informe de dicha Comisión, es necesario resaltar algunos puntos...

(se transcriben tal cual el original)

"Consideramos que es esencial al inicio de este informe aclarar que los fondos referidos NO provienen de una donación voluntaria de la empresa La Alumbrera, sino que obedecen al cumplimiento de la ley nacional 14.771, sancionada en 1958 (...)".

"(...) circunscribir el problema a una cuestión ética de rechazo de fondos que por ley le corresponde recibir al Estado y obliga a la empresa a pagar, plantea una falsa disyuntiva que traba este problema en una cuestión legal sin solución."

"Los problemas generados por las condiciones de explotación de la mina Bajo de la Alumbrera muestran que existe una evidente contradicción entre el sentido político originario de la Ley Nro. 14.771 (...) y la significación que cobra en el marco de las actuales circunstancias y condiciones en las que dicho reparto se efectiviza".

"Finalmente, en lo referente al dinero girado por YMAD, proponemos que las Universidades Nacionales exijan lo que les corresponde por ley mediante una investigación sobre las utilidades obtenidas por la empresa Minera Alumbrera desde el inicio de su actividad".

Y PROPONEN:

"1- Exigir una inmediata revisión histórica de las utilidades de Minera Alumbrera e YMAD y, si corresponde, el pago de lo adecuado al sistema universitario de acuerdo a lo que la ley fija."

"2- Que las universidades aporten y promuevan estudios específicos sobre los impactos ambientales, sociales y económicos provocados por el accionar de Minera Alumbrera y de los otros emprendimientos de la megaminería."

LO VAN A HACER LUEGO DE RECIBIR LOS FONDOS???????

"3- Apoyar a las comunidades afectadas por la megaminería en sus reclamos reinvindicatorios."

LOS ESPERAMOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(SOBRE TODO LUEGO DE DECIDIR RECIBIR ESTOS FONDOS)

EN QUÉ ANDA PENSANDO ESTA COMISIÓN????

CUANDO ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL DICE:

"(...) Si bien esta distribución de utilidades líquidas y realizadas de YMAD se hace conformemente a la ley 14.771, cabe resaltar que el espíritu de esa ley sancionada en 1958 fue totalmente alterado por la reforma de su artículo 5 durante la última dictadura militar. Además, la empresa Minera Alumbrera Ltd. que explota el yacimiento está actualmente procesada por delito ambiental por la Cámara Federal de Tucumán, imputada por tráfico documental y exportación ilegal de metales, contrabando de oro, uranio y torio, e investigada por lavado de dinero."

CÓMO RESPONDE ESTA COMISIÓN AD-HOC CUANDO TIENE TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DECIR NO A LOS FONDOS DE YMAD...??

ESPERAMOS RESPUESTA Y QUE LA DECISIÓN DE LA UNSA SEA UNÁNIME:

"NO ACEPTAR LOS FONDOS DE YMAD"

(PORQUE ACÁ HAY QUE SER CONTUNDENTES.

CUÁL ES LA DISCUSIÓN???)

Soledad Leiton

AUTOCONVOCADOS DEL VALLE CALCHAQUÍ-CAFAYATE-SAN CARLOS-SALTA

Miembros de:

UNIÓN DE LOS PUEBLOS DE LOS VALLES CALCHAQUÍES

ASANOA

UAC

Las promesas incumplidas tras el desastre de Tartagal


El 9 de febrero pasado un alud arrasó la localidad salteña de Tartagal destruyendo casas, autos, caminos y un puente. La Presidenta Cristina Fernández no dudó en viajar para embarrarse los zapatos y anunciar obras por 159 millones de pesos.

Junto con el ministro de Planificación, Julio De Vido, prometieron la construcción de 627 nuevas viviendas y el mejoramiento de 800 casas con daños parciales. Además, se comprometieron a entregar otras 495 viviendas a comunidades aborígenes y rurales. Cinco meses después, se construyeron sólo 10 y se refaccionaron 300.

A raíz del escándalo publicado por Perfil.com por los más de 200 mil pesos que desaparecieron y salpican al Intendente Sergio Leavy, los vecinos denuncian irregularidades y desidia de parte de las autoridades: que las donaciones se entregaron en un marco de desprolijidad y desigualdad entre los damnificados; que el dinero destinado a las familias que debían refaccionar parte de sus casas no se condice con los arreglos que finalmente se hicieron; que no se sabe donde está la plata; que al día de hoy hay familias que siguen durmiendo en carpas a la vera del río; que otras fueron reubicadas en un barrio nuevo que cuando llueve se inunda y sus accesos quedan denegados; que aún no han sacado todo el lodo; que la tragedia puede volver a repetirse.

Vivir en Tartagal. El presupuesto para refacciones va de 24.600 a 30.000 pesos según los daños. Eso le dijeron a Ana María Rojas, vecina del barrio Santa María, cuando le asignaron un contratista para que le arregle lo que el alud le había destrozado. "Vinieron un día y me hicieron dos medianeras. Cuando les dije que faltaba el techo y el desagüe me contestaron que el dinero ya no alcanzaba".

Como las cuentas no le cerraban, Ana María decidió hacer un presupuesto con un albañil particular: "Según este presupuesto, el monto de mano de obra y materiales sería de un total de 10.100 pesos, entonces, ¿dónde está el resto?". Ana María no tiene la respuesta. La municipalidad, tampoco: "no sabemos lo que hace el contratista con la plata", contestaron quienes deberían controlar el destino y la aplicación de esos fondos.

Indignada, Rojas decidió denunciar su situación en los medios locales. La noticia enfureció al contratista que estaba a cargo de su casa: al otro día, mandó ocho personas que se treparon a su techo y se lo reventaron a mazazos. "Por venganza, mi casa quedó desecha. Estamos viviendo 5 personas en una pieza de 5x4. Si llega a llover, vuelvo a perder todas mis cosas".

Martín López tiene 35 años, vive con su mujer, su suegra y sus tres hijos. A él le construyeron una pieza y un baño. "Somos seis personas amontonadas en una sola habitación. Perdimos todo: se arruinaron los electrodomésticos, la heladera y el lavarropas". Según cuenta, luego del alud le hicieron entrega de algunas cosas: tres sillas sin mesa, una cama sin colchón y una cucheta para los chicos. Nada más: "Cuando llegó nuestro turno, nos dijeron que no quedaban heladeras", cuenta.

A Marina Huanca, de 33 años, el alud le destruyó su negocio. "Perdí toda la mercadería del local y en mi casa están haciendo refacciones pero no hay nadie que controle la obra. Estamos remando y saliendo a flote solos".

Obras inconclusas. De las 627 nuevas viviendas que prometió Cristina Fernández en febrero, se construyeron sólo 10 que serán entregadas el próximo mes. De los 800 mejoramientos de vivienda, se terminaron 150 y otras 150 están en ejecución. De las 500 que faltan nadie sabe nada.

Según informó a Perfil.com la coordinadora ejecutiva del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Graciela Pinal, las 10 unidades nuevas "se pudieron construir porque no tenían problemas en la localización, así que se hicieron en terrenos propios".

¿Qué pasó con el resto? Los funcionarios consultados por este diario respondieron de manera vaga e imprecisa. Según el Secretario de Obras Públicas Municipal, Antonio Hoyos, "todavía no se construyeron porque se están haciendo los trámites. No debe faltar mucho, lo que pasa es que no es fácil conseguir el terreno".

Por su parte, el arquitecto Rubén Hamada, coordinador de la Unidad Ejecutora de Programas Descentralizados del IPV, nombrado coordinador de las viviendas afectadas por el alud, repitió que "hay problemas de terreno".

De las 500 viviendas que faltarían reconstruir, la Directora de Servicios Públicos de la Municipalidad de Tartagal, María Helena Guayán, aseguró no estar al tanto: "No tenemos conocimiento de lo que se ha firmado a nivel Nacional". El Ministerio de Planificación Federal no respondió a los llamados de Perfil.com.

Por Verónica Wiñazki, Redactora de Perfil.com
http://www.tumisiones.com/noticias/2009/09/09/56738/las-promesas-incumplidas-tras-el-desastre-de-tartagal

sábado 5 de septiembre de 2009

La UNSa invitará a Pérez Esquivel antes de decidir sobre los fondos mineros

La rectora de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Stella Pérez de Bianchi, informó que antes de que el Consejo Superior de esa entidad decida si acepta o no los fondos de Minera Alumbrera, se convocará para debatir el tema al premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien es doctor Honoris Causa de esta universidad.

Mientras, el dictamen de la Comisión ad hoc que se había conformado para analizar el tema dispone que los fondos deben recibirse.

Frente a ello, podría haber mayor fuerza por parte de las asociaciones estudiantiles que se oponen a esta posibilidad, y que ya realizaron diversas manifestaciones en Humanidades, y se pidió que la Facultad de Ciencias Naturales se pronuncie en contra de admitir los fondos.

Entre las conclusiones a las que arribó la comisión integrada por Raúl Seggiaro, Norma Naharro y Alicia Kirschbaum, se indicó que existe una ley mediante la cual se ordena a que se distribuyan las utilidades que surjan de los Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), que se encuentran a cargo de Alumbrera. Indicaron que estas utilidades deberían surgir de una investigación en la que participen las universidades.

En contrapartida a esta aceptación, el dictamen dispone también que las universidades "aporten y promuevan estudios específicos sobre los impactos ambientales, sociales y económicos provocados por el accionar de Minera La Alumbrera y de los otros emprendimientos de la megaminería".

Que se apoye a "las comunidades afectadas por la megaminería en sus reclamos reivindicatorios", demandando que los estados provinciales y el nacional "obliguen a las empresas mineras a cumplir con las leyes vigentes que protegen los derechos de las comunidades criollas e indígenas y los derechos ambientales de las poblaciones afectadas directa o indirectamente".

También indicaron que sería necesario solicitar al Congreso de la Nación la "inmediata revisión de todos los contratos mineros de la llamada gran minería y la aplicación de las sanciones correspondientes ante el incumplimiento de los compromisos establecidos, de las leyes vigentes y de la Constitución Argentina". Por último, se indicó la necesidad de promover "una nueva ley minera favorable a los intereses nacionales y a las necesidades estratégicas del país, pensada para el conjunto de la población, planificada en un marco de sostenibilidad y de respeto y participación de las comunidades involucradas".

En contra

Pérez Esquivel ya había enviado una carta a la rectora de la Universidad para pedir por el rechazo de estos fondos dados los antecedentes de Alumbrera en perjuicio del medio ambiente. Los vecinos de Cafayate hicieron lo propio, al igual que el Centro de Estudiantes de Humanidades, a cargo de la agrupación "Todo un Palo".

Según lo informado a Nuevo Diario, el tema irá a debate con Pérez Esquivel, los consejeros, y la comunidad universitaria en general, antes de tomar una última decisión. A ello se sumarán otras reuniones con comunidades indígenas y criollas que se ven amenazadas por la minería y la agro-industria.


http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/

ABORÍGENES CORTAN TOTALMENTE LA RUTA NACIONAL 34

El cacique de la comunidad, Martín Rosendo, dijo que piden agua potable, viviendas, planes de empleo comunitario, merendero y polideportivo, la titularidad de las tierras que ocupan e iluminación para la Misión La Loma.

SALTA.- Aborígenes wichís cortan totalmente la ruta nacional 34, cerca de la ciudad norteña de Aguaray.

Piden agua potable, 50 viviendas, planes de empleo comunitario, un merendero comunitario, un polideportivo, la titularidad de las tierras que ocupan e iluminación para la misión La Loma.

"El bloqueo comenzó esta mañana y se mantendrá hasta el mediodía si no tenemos respuesta del secretario de interior Gonzalo Quilodrán", dijo Martín Rosendo, cacique de la comunidad.

http://www.radiosalta.com/noticia.php?idn=219603

El intendente Leavy pidió la nulidad del juicio político

El intendente de Tartagal, Sergio Leavy, planteó ayer la nulidad de "todo lo actuado por la Comisión Investigadora y/o por el Concejo Deliberante de Tartagal" y el "archivo del juicio político" promovido en su contra.

Sergio Leavy
El jefe comunal presentó ayer su descargo ante el Concejo Deliberante. En un escrito de 29 páginas fundamentó estos pedidos "en la existencia de severos, constantes y crecientes vicios que han afectado las diligencias investigativas, los debates parlamentarios, la libertad y la voluntad de los señores concejales".

"El vicio de la voluntad de los miembros del Concejo acarrea necesaria y directamente la nulidad de todo lo actuado desde que asistimos a una evidente y escandalosa violación de las normas que regulan el funcionamiento del Concejo Deliberante y una delegación de facultades institucionales hacia grupos de poder, económicos, periodísticos y políticos no institucionales." Sostuvo el intendente en su descargo, realizado con el asesoramiento del abogado Oscar Pedro Guillén.

Enumeró "procedimientos irregulares", entre los que incluyó el hecho de que el inicio del proceso de juicio político, y su continuación, "está signado por las influencias que el canal de cable local, Video Tar". También afirmó que hubo irregularidades en la sesión del 13 de agosto, cuando se aprobó el juicio político. Aseguró que la Comisión Investigadora no informó de sus avances a otros integrantes del Concejo y tampoco se le informó al asesor contable.

Destacó que el informe jurídico no era conocido por ningún concejal hasta el momento en que el asesor legal, Sergio Heredia, lo leyó en el pleno del Concejo, "en un acto sin precedentes en un cuerpo parlamentario".

"Esa actuación termina por completar el plagio político sucedido y el apropiamiento de potestades públicas en manos de quien carece de representación política, lo que infringe flagrantemente la norma del artículo 4º de la Constitución de la provincia de Salta y del artículo 8 de la Carta Orgánica Municipal, ley 6.555, que prohíben expresamente la delegación de esas facultades". Añadió que los dictámenes de los asesores no estaban habilitados para el tratamiento, con lo que el Concejo "trató y aprobó algo que legal y administrativamente no existía".

Leavy también dejó constancia de que no tuvo el tiempo que establece la ley para responder a la acusación. "La obstinación por perjudicarme de cualquier modo ha obnubilado la mente de los concejales, y debo decir que en verdad lo han logrado, reduciéndome un plazo de nueve (9) días a cuatro (4) días", afirmó.

Y negó los cargos que se le imputan: "Niego categóricamente haber actuado de modo reprochable y menos aún delictual, algo que la acusación da por acreditado, cuando gozo del estatus constitucional de inocencia y tal inocencia será acreditada más allá de toda duda por ante las autoridades competentes", sostuvo. Aseguró que "no existe la menor irregularidad en la contratación de los vehículos objeto de investigación". Aseguró también que ni su cuñado, Fredy Medina, ni su esposa, Andrea Barbieri, cobraron un cheque de la municipalidad.

En general, sostuvo que el informe del asesor jurídico es conjetural. Pidió que una larga lista de prueba que el Concejo deberá proveer.

http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/

viernes 4 de septiembre de 2009

Notifican a Salta de la demanda por los límites

Tiene un plazo de 60 días para contestar el planteo catamarqueño


Es por la acción que la Provincia inició en la Corte Suprema de Justicia por el área minera de Diablillos.

Disputa. Está en juego un territorio minero importante.


Política y Economía


La Corte Suprema de Justicia de la Nación notificó, la semana pasada a la Provincia de Salta, del traslado de la demanda que promueve Catamarca contra ella, por "violación de los límites establecidos". Así lo informó a El Ancasti el fiscal de Estado, Simón Hernández, quien explicó que el gobierno salteño tiene sesenta días para expedirse. “Habrá que ver qué contestan ellos, si mantienen la postura de que los límites deben ser fijados, y no reconocidos los actuales, como sostenemos nosotros”, dijo.
La medida surge luego de que el máximo tribunal argentino se declarara competente, hace casi cuatro meses, para intervenir en el conflicto limítrofe entre los dos distritos.
De esta manera, la Corte no derivó la cuestión al Congreso, único competente para fijar los límites entre provincias, abriendo la posibilidad de que Catamarca pueda probar judicialmente que los límites ya están fijados por ley y que fueron violados por Salta.
En la misma acción, los ministros de la Corte habían denegado por "prematura" la medida cautelar solicitada por Catamarca "sin conocer la explicación de Salta sobre el asunto en cuestión".

La disputa
El nuevo conflicto limítrofe con Salta data de dos años atrás. La disputa se inició por el área de Diablillos, entre minera Cerro Bayo S.A. con concesión en la zona otorgada por la autoridad minera de Catamarca y la empresa canadiense Silver Standard Resources, con concesión dada por Salta.
De acuerdo con la presentación realizada el 28 de diciembre de 2007, las autoridades catamarqueñas argumentaron que "(Salta) sin fundamentó legal alguno, ha avanzado sobre el territorio catamarqueño disponiendo de recursos naturales como si fueran propios, lo que trae consecuencias nocivas para la provincia de Catamarca, no sólo en su aspecto económico, sino en particular en la afectación de su medio ambiente por el uso indiscriminado de recursos hídricos y la posible contaminación ambiental".
El escrito de la Fiscalía de Estado también solicitó a la Corte que ordene el "inmediato retiro" de las fuerzas policiales salteñas destacadas en la zona.
Con el correr de los meses, la situación en la zona se hizo tensa e inclusive se habló de un problema entre las fuerzas policiales de ambas provincias. Como en el área limítrofe Salta había colocado efectivos, Catamarca también hizo lo propio.
En este contexto, una senadora salteña ingresó un proyecto de ley para la formación de una comisión bicameral en el Congreso que se encargara de fijar los límites, lo que fue calificado como "carente de sustancia" por el senador catamarqueño Oscar Castillo.

"Habrá que ver qué postura asumen los salteños", dijo el fiscal Simón Hernández.

http://www.elancasti.com.ar/nota.php?id=43606