Por OPSur.- El comienzo de actividades exploratorias en los departamentos salteños General San Martín y Rivadavia, a principios de 2010, trajo aparejada una serie de denuncias de comunidades indígenas que sufrieron el acoso de permiseros, representantes de las empresas. Estas personas los instaban a firmar acuerdos por los que autorizaban el ingreso de las empresas a los territorios comunitarios y se comprometían a no entorpecer los trabajos; a cambio, las compañías realizarían aportes -en dinero y especies- por la ocupación y uso del espacio y en resarcimiento de los daños que ocasionaran. Según los abogados de los wichí, son “acuerdos usurarios” que no guardan relación alguna con lo que establece la ley.
Estas situaciones, y la inacción de diferentes agencias del Estado ante los requerimientos de las comunidades afectadas, derivaron en el inicio de acciones judiciales. En ese aspecto, los abogados intervinientes hacen hincapié en la constante violación de las legislaciones indígena, ambiental e hidrocarburífera; además de la estrecha relación de funcionarios públicos con el sector privado y el uso intimidatorio de las fuerzas de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los proyectos extractivos. Los letrados sostienen que existen los elementos suficientes para afirmar que se trata de una “asociación ilícita”.
Voluntad
Organizaciones wichí y ONG’s que trabajan en la provincia coinciden en que este escenario es similar al vivido en la última década con el avance de las actividades agroindustriales, que significó el desmonte de miles de hectáreas y el desalojo directo o indirecto de familias indígenas y criollas.
“Vemos que al Estado le está faltando mucha voluntad. Cada vez que reclamamos los legisladores prácticamente están ausentes, pero ellos sí están presentes cuando presentan un supuesto [proyecto de] desarrollo que va a beneficiar a las comunidades y a todos los que vivimos en la zona [como la agroindustria o la actividad petrolera]”, afirma Miguel Montes, del Consejo de Organizaciones Wichí Zona Bermejo- Embarcación. “Nosotros hemos hecho demandas por todos lados [para frenar los desmontes], por todas las entidades de Salta, donde nunca hemos conseguido respuesta alguna. Nos hemos visto obligados a llegar a la Corte Suprema de la Nación, donde hemos conseguido una respuesta medianamente favorable, que ordenó [en diciembre de 2008] que se paren los desmontes en cuatro departamentos [Orán, San Martín, Rivadavia y Anta]”, destaca.
“[Antes de 2008] se aprobaron absolutamente todas las solicitudes de desmontes [para la agroindustria], no quedó una por aprobar, y no hubo consulta a la población. Para una solicitud que tenía lugar en un municipio del departamento de Rivadavia, se llamaba a Audiencia Pública a 150km de distancia, en otra localidad del departamento vecino. Parecía que se hacía lo imposible para que la gente del lugar no pudiera ni enterarse qué se aprobaba”, cuenta Ana Álvarez, coordinadora de la Fundación Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana en el Norte de Argentina (Asociana).
“Cuando una secretaria de Política Ambiental [Catalina Buliubasich], suspendió dos o tres desmontes, inmediatamente fue removida de su cargo, le pidieron la renuncia”, añade. La dimisión de Buliubasich ocurrió en mayo de 2008. La ex decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta había tomado el cargo pocos meses antes, al iniciarse la gestión de Juan Manuel Urtubey al frente del gobierno provincial.
“Ahora estamos en la lucha del tema petróleo: vienen [las empresas], hacen las picadas y, cada vez que hacemos un reclamo, lo primero que nos dicen es que estamos en contra del progreso. Yo creo que nadie piensa estar en contra del progreso sino al contrario, exigimos que se respete nuestra forma de vida y la entrega inmediata de los territorios que ocupamos”, enfatiza Montes, sugiriendo otra forma de entender el progreso.
Anuencia y otros intereses
“Las empresas petroleras en la zona tienden a avasallar al particular criollo y, con mayor razón, a las comunidades aborígenes. Y avasallan porque de ninguna manera cumplen con las preceptivas legales obligatorias que tienen a su cargo, que conocen, obviamente”, afirma el abogado Carlos Iriarte, que patrocina a finqueros y comunidades wichí. Sin duda esos atropellos no podrían consumarse sin la anuencia de diferentes resortes del Estado, y en ese aspecto, resulta por demás ilustrativo el comportamiento de algunos funcionarios de organismos indigenistas estatales.
“Si hablamos del INAI [Instituto Nacional de Asuntos Indígenas] y del IPPIS [Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta], tenemos un delegado wichí [en ambas dependencias] que es Indalecio Calermo”, apunta Hugo Jaimez, cacique de la comunidad La Cortada, de Morillo. “El Día del Aborigen él andaba visitando Morillo y no nos explicó qué es lo que va a pasar [con las petroleras], él solamente hablaba de progreso: ‘Sería lindo si detectan un pozo dentro del lugar de ustedes, va a ser un cambio, va a ser distinto las cosas, van a salir de la situación [de necesidad]. Yo ruego que en lote de ustedes haiga un pozo, para que ustedes también tengan ingresos’”, rememora. “No sé cómo será, pero él hablaba así.”
Iriarte, en tanto, enmarca este escenario en la amplia zona gris que se extiende entre la función pública y los intereses privados. “[La actividad hidrocarburífera] tiene un alto grado de intervención política, gubernamental, porque de alguna u otra manera las autoridades provinciales están ligadas, directa o indirectamente, a la actividad petrolífera. Con la concesión de las áreas secundarias, el Estado provincial genera mecanismos de participación con las empresas petrolíferas”, afirma.
En ese sentido el abogado destaca el vínculo del vicegobernador de la provincia con la empresa de servicios petroleros Wicap SA, encargada de la prospección sísmica en las áreas Tartagal Oriental y Morillo -adjudicadas a la operadora High Luck, de la Unión Transitoria de Empresas conformada por la argentina Maxipetrol-Petroleros de Occidente y las chinas New Times y JHP International Petroleum Engineering. “El señor Andrés Soto, vicegobernador de la provincia de Salta, firmó un acuerdo de inversión económica con el dueño de la empresa Wicap [Freddy Tejerina]. Ese convenio existe, puede ser difícil arribar a él, pero existe”, afirma Iriarte. En tanto enfatiza: “El funcionario no puede participar en empresas”.
“Con la doctora [Sarah] Esper hicimos una denuncia pública, que después la transfiguramos en una denuncia penal, y nadie desmintió absolutamente nada”, continúa el abogado. “Tengamos en cuenta que, en este caso, el que calla otorga, sobre todo por la magnitud de la denuncia y la implicancia de la misma”, agrega Iriarte.
“Supimos, por intermedio de algunos caciques [del Lote 4, ubicado en cercanías de Tartagal], que llegaron a un acuerdo a través del ingeniero Enzo Russi [ex director de Tierras Fiscales de la provincia], quien se dice apoderado de Maxipetrol, e Indalecio Calermo, que se dice presidente del Lote 4. Arreglaron entregarle 7.500 pesos a cada una de estas [18] comunidades, en dos o tres pagos”, relata la abogada Sarah Esper. “Eso es delito de usura directamente, porque es aprovecharse de la inexperiencia y el estado de necesidad de esta gente para negociar por dos mangos”, denuncia. Según la letrada, esos montos no guardan relación alguna con lo que establece la legislación aplicada a la actividad hidrocarburífera.
Esper asegura que los representantes de las empresas “todo el tiempo se la pasan diciéndole a las comunidades que no van a arreglar con los abogados”. “Lógicamente, porque si arreglan con los abogados van a tener que pagar lo que corresponde y no van a poder volver a entrar a las tierras de propiedad indígena”, recalca.
Impactos no evaluados
“Las empresas para poder ingresar a cualquier lote tienen la obligación de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) general, que debe ser aprobado en Audiencia Pública, en base a lo que establece la ley 7070 de la provincia de Salta. Eso de ningún modo ocurre, porque han ingresado previo a cualquier aprobación”, subraya Iriarte.
“Deben hacer también un estudio de impacto predial, o sea, por cada predio, y comunicar todas las obras y tareas a realizar a cada uno de los propietarios, superficiarios o meros tenedores de la tierra, en base a lo que establece la resolución 105/92 [de la Secretaría de Energía de la Nación]. Y en base a lo que establece la Ley de Hidrocarburos, deben abonar un canon mensual e indemnizaciones por daños”, explica Iriarte. “Por lo tanto, el avasallamiento del dominio indígena es terrible, no se respeta absolutamente nada, y estamos prácticamente a merced de las empresas petrolíferas. También existe el avasallamiento de criollos con títulos, o sea, no es solamente a las comunidades aborígenes”, advierte.
“El 14 de julio, después que depredaron el Lote 4 como quisieron, y después que hicieron un manchancho* en Morillo, salió un decreto en el que la Secretaría de Energía le da por aprobado el EIA general, porque el predial nunca lo presentaron, y suprimen la Audiencia Pública [y la consulta previa, libre e informada que obliga el Convenio 169 de OIT] por una reunión sencilla que se hizo por ahí”, recalca Esper.
“Hay una finca que está pegada al Lote 4, llamada Tres Lagunas, pertenece a los suizos, que le dicen acá. Wicap pretendía abrir picadas para hacer la prospección sísmica y los suizos plateaban: ‘Primero déjennos levantar la cosecha y después paguen lo que por ley corresponde’. Wicap dijo: ‘No’, replanteó su camino y siguió destrozando territorio indígena”, ejemplifica Esper. “Es decir, si Wicap hubiera tenido la razón, hubiera planteado un juicio contra Tres Lagunas y hubiera pasado por Tres Lagunas. Se pone más que en evidencia que están pasando por donde la masa social es más débil”, concluye.
Hidrocarburos AI (Asociación Ilícita)
“En Morillo estas empresas largaron sus perros, por decirlo de alguna manera, porque nos contaban los caciques que señores como Feliciano Burgos, otro señor de apellido Arias y otro de apellido Cáceres, le han montado la vida imposible. Aparecían por sus viviendas a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde; y con muchos criollos hicieron lo mismo. O se aparecían por donde estaban o eran llamadas telefónicas. De 12 a 15 llamadas telefónicas por día ejerciendo presión, tratando de conminarlos a un arreglo usurario”, relata Esper.
“La inacción de las autoridades gubernamentales, la inacción de la Justicia Penal para castigar, reprimir o impedir la comisión de ilícitos en las comunidades originarias es llamativa”, acota Iriarte. “Pero también es llamativa la participación de oficiales de la Policía de la Provincia de Salta en operativos o en cuasi operativos solicitados por las empresas, bajo la apariencia del pago de un adicional, para evitar cualquier tipo de contratiempo al personal de la empresa en la zona de conflicto”, agrega.
“Fueron varias denuncias las que se interpusieron en Morillo: usurpación, daño, usura, amenazas, coacción”, enumera Esper. “Una empieza a ver un delito de acá, un delito de allá, y charlando con el doctor Iriarte le digo: ‘Para mí esto es una asociación ilícita’. Uno está hablando de un delito mayúsculo, sumamente complicado. Saqué todos los libros de códigos comentados, analicé doctrina y jurisprudencia sobre asociación ilícita, y el artículo 210 del Código Penal dice que ‘hay existencia de asociación ilícita cuando 3 personas o más se agrupan para cometer delitos’. No hace falta que esto sea un objeto social, no hace falta que esté escrito, no hace falta que el delito se concrete. Sí tiene que haber una agrupación concreta, pero el delito -inclusive- puede estar en abstracto”, explica.
“Y el artículo 210 bis establece un calificante, es decir, agrava más la situación, cuando se cumple con ciertas premisas, una de ellas habla de que tiene que haber una violación a la Constitución Nacional y establece un serie de incisos, en el cual el inciso 1º dice que tendría que estar formado por más de 10 personas, y el último, que tiene que haber contado con algún tipo de colaboración gubernamental”, continúa Esper.
“De entrada, ¿en qué situación estamos? En primer lugar, en el 2007, cuando se les entrega la concesión de las tierras [adjudicación de las áreas hidrocarburíferas], empezamos con la asociación ilícita, haya estado quién haya estado de gobernador [por esos años era Juan Carlos Romero]”, dispara. “¿Por qué? Porque se les está confiriendo un área para la exploración y la explotación petrolera que constitucionalmente no se puede conferir. La Constitución Nacional, artículo 75 inciso 17; y la Constitución de Salta, artículo 15, establecen una protección especial para las tierras indígenas. Justamente por todos los avasallamientos sufridos”, aclara Esper. “El Estado, sabiendo de la existencia de comunidades aborígenes, concede, por ejemplo, el área Tartagal Oriental, donde se encuentran varias comunidades aborígenes. Entre ellas el denominado Lote 4, adjudicado en 2003, por escritura pública, a 18 comunidades aborígenes”, interviene Iriarte.
“Lisa y llanamente estamos ante una asociación ilícita, una Unión Transitoria de Empresas cuyo objeto social sería la exploración y explotación petrolera, pero que para lograr sus finalidades no ha tenido ningún reparo en violar la Constitución Nacional”, finaliza Esper.
Morillo: de la seducción a la amenaza [recuadro]
“Muchacho, yo sé que usted es presidente. Yo quería consultarlo, nosotros estamos haciendo picadas. Nosotros venimos como permisero, vamos consultando a la gente. Nosotros queremos pedir permiso para entrar en el terrenito ese”, recuerda Hugo Jaimez que le dijo Feliciano Burgos, en relación a las tierras que posee la comunidad La Cortada en los bordes del pueblo. “Y le digo: ‘Bueno’. No quería ponerme adelante porque hablaba de desarrollo”, continúa el cacique. La Cortada es una de las cuatro situadas en Morillo, departamento Rivadavia, las restantes son El Chañar, La Represa y Los Baldes.
“No termino de parar en la casa, un rato, 20 minutos, que ya me buscaba un chico y me dice: ‘ahí están máquinas’”, señalando el predio de la comunidad donde se están construyendo viviendas. Al escuchar el ruido de las topadoras aproximándose, mujeres y chicos salieron a bloquearle el paso. “Y llegó el permisero que me había ido a ver primero y me dice: ‘¡Qué pasa que han parado la máquina!’. Han parado porque estaba frente a la casa ya”, le contestó Jaimez.
Según recuerda el cacique, ante esa situación Burgos realizó diferentes ofertas a cambio de poder continuar las obras, que fueron rechazadas. “Ellos ofrecían un montito de plata, alambre. Si [uno] pedía pozo le hacían [un] pocito de primer napa, somero, que decimos. Eso era, más o menos. Yo decía siempre: ‘No voy a arreglar’, pero ni así. Insistía. ‘Bueno Hugo, te tiramos un poco más.’”
“Primero nos quería reconocer ese pedacito, [la picada de] 900m [abierta en las tierras ubicadas al borde del casco urbano, que comparten con El Chañar], 4 mil pesos para las dos comunidades”, relata Jaimez. “Nosotros queremos abrir [la picada], te proponemos esto, qué te parece: 50 mil pesos y dos motos -una motito es un regalo para vos, para que tengas más rapidez para hacer diligencia para la gente”, le ofrecieron luego, para ingresar al Lote 22 -aproximadamente 3 hectáreas que también comparten ambas comunidades, distante unos 20km del pueblo.
“Buscaba la forma una y otra vez. Hasta que otro muchacho lo denunció, que lo ha cansado de ir a ver”, continúa. “Por ahí [Burgos llegaba] a las 10 de la noche y dicía: ‘Vos tenés que arreglar. Nosotros no queremos llegar a que venga Gendarmería, Infantería’. A lo último le digo: ‘Bueno, si usted quiere traiga Infantería, igual nos vamos a parar [frente a las máquinas], nosotros vamos a resistir ahí. Ojalá, Dios quiera, [pueda] morir sobre el territorio que estoy defendiendo. No me voy a quedar de manos cruzadas’”, retrucó Jaimez. “‘No Huguito, no es por llegar a eso’”, le dijo Burgos para calmar los ánimos, recuerda el cacique. Pero ya era tarde. “Y bueno, si usted lo mencionó, hágalo”, tuvo por respuesta. “Iba a morir, porque ahí voy a defender”, subraya la autoridad tradicional.
Frenar el avance de las máquinas significó semanas de guardias permanentes, de tensión, particularmente en el Lote 22. “Esa tarde misma [que vimos las máquinas dentro de la reserva] fui a la policía a hacer denuncia”, cuenta Jaimez. “Cuando llegamos el oficial dice: ‘No, el abogado de ustedes tiene que venir con la denuncia’. Y un muchacho que estaba con nosotros dice: ‘Usted nos está negando la denuncia’. ‘Bueno, si usted quiere hacer denuncia, en 20 minutos hágase atender por otro oficial’”, obtuvo como respuesta del uniformado. “Y bueno, hice la denuncia. Pero después de la denuncia seguían ahí, instalados, tranquilos, como que no hubiera nada. Y ese fue un momento muy difícil”, asegura.
“Yo he visto que con abogado cambian las cosas. Hemos ido con abogado, el cable ya estaba tirado para el estudio, y el abogado dice [a los trabajadores de Wicap]: ‘Usted tiene que sacar los cables o nosotros sacamos’. Y un hombre que estaba ahí, con personal contesta: “Espereme 10 minutos, llamo para que venga el camión y saque los cables. Téngame paciencia, 10 minutos’. Al rato viene el camión y recoge los cables”, resume Jaimez. “No era lo mismo que cuando estaban puros paisanos, no nos respetaban, siendo que estaba la policía, pero estaba a favor de la empresa. Cuando vino el doctor, ya todo cambió, quedó todo chiquitito [el representante de la empresa].”
* Manchando: Juego que consiste en arrojar al aire monedas, caramelos u otros objetos para que los recojan los niños.
